En un ajuste automático impulsado por el salario mínimo legal vigente para 2026, las familias colombianas que aspiran a adquirir una vivienda de interés social (VIS) en las ciudades principales del país deberán ahorrar entre 52 y 78 millones de pesos para cubrir la cuota inicial, que representa entre el 20% y el 30% del valor total de estas propiedades, cuyo tope ahora alcanza los 260 millones de pesos. Esta normativa del sector vivienda, aplicada por entidades bancarias y cajas de compensación familiar, eleva los precios máximos de las VIS a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) en urbes como Bogotá, Medellín y Cali, mientras que en el resto del país se sitúan en 135 SMLMV, equivalentes a unos 235 millones de pesos.
Para las viviendas de interés prioritario (VIP), el tope se acerca a los 157 millones de pesos, con cuotas iniciales que oscilan entre 31 y 47 millones de pesos bajo los mismos porcentajes. Los bancos financian entre el 70% y el 80% del valor, pero exigen que los compradores demuestren capacidad de pago, historial crediticio estable y un endeudamiento controlado. Además, se suman gastos adicionales como notariales, de registro, títulos y avalúos, que representan entre el 2% y el 5% del precio total de la propiedad.
Subsidios y requisitos para acceder
Las cajas de compensación familiar ofrecen subsidios de hasta 30 SMLMV, condicionados a los ingresos de los hogares —generalmente cercanos a dos salarios mínimos—, la afiliación a estas entidades y el compromiso de usar la vivienda como residencia propia. Esta combinación de ahorro propio, subsidios y créditos bancarios es clave para cerrar la operación financiera, especialmente ahora que el incremento del salario mínimo para 2026 ha disparado los topes de precios y los ahorros requeridos, afectando directamente a miles de familias de clase media baja en busca de su primera vivienda.
Expertos en el sector recomiendan iniciar planes de ahorro programado con antelación, revisar el nivel de endeudamiento actual y fortalecer el historial crediticio para aumentar las probabilidades de aprobación de los préstamos. Según datos divulgados por Revista Semana y basados en la normativa vigente del Ministerio de Vivienda, este ajuste busca mantener el acceso a la vivienda digna alineado con la inflación y el poder adquisitivo, aunque representa un reto mayor para hogares en ciudades principales y municipios del resto del país.
