Antioquia cerró el año 2025 con el asesinato de 40 integrantes de la fuerza pública, la cifra más alta registrada en los últimos doce años, según el balance de seguridad anual presentado por Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad del departamento, y difundido por Blu Radio al iniciar 2026. Este incremento drástico, que duplicó los 22 casos de 2024 y ascendió a un total de 44 hechos violentos, contrasta con la ligera disminución en los homicidios totales, que alcanzaron 1.664 víctimas, veinte menos que el año anterior.
En medio de este panorama, las lesiones personales se elevaron a cerca de 9.800 casos, mientras que se reportaron once masacres que dejaron 41 personas asesinadas en municipios como Yarumal, Andes, Urrao, Amalfi, San Pedro de los Milagros y Cáceres. Además, en los últimos doce meses, 108 mujeres fueron víctimas de homicidio, incluyendo ocho feminicidios tipificados por la Fiscalía General de la Nación y aún en investigación, muchos de ellos ligados a conflictos interpersonales, riñas e intolerancia.
Incremento atribuido a grupos armados ilegales
El secretario Martínez atribuyó el alza en los ataques contra la fuerza pública a la mayor presencia de grupos armados ilegales en diversas subregiones de Antioquia, exacerbada por planes pistola, paros armados y ceses unilaterales decretados por estas estructuras. Aunque los homicidios generales mostraron una baja respecto a 2024, la violencia selectiva contra policías y militares se disparó, evidenciando la persistencia de dinámicas criminales en el territorio.
“El incremento de los grupos armados ilegales en el territorio. También se debe esto a los planes pistola que el año pasado ustedes fueron testigos, fueron decretados por estos grupos armados ilegales, los paros armados y los ceses unilaterales”
Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia
Para 2026, las autoridades priorizarán el seguimiento a homicidios, masacres, ataques contra la fuerza pública y la violencia de género, con el fin de contrarrestar estas tendencias en un departamento marcado por la presencia de estructuras delictivas. El reporte, basado en cifras oficiales, subraya la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad ante un año que, pese a avances en reducción general de muertes, reveló vulnerabilidades críticas en la protección de los uniformados.
