La Contraloría General de la República, bajo la firma del contralor Carlos Hernán Becerra, asumió de manera excepcional el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 145-2022 que involucra al actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, por presuntas irregularidades en la construcción de ciclorrutas durante su gestión como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019. Esta intervención funcional desplaza la competencia de la Contraloría de Antioquia hacia la entidad nacional en Bogotá, motivada por un conflicto de intereses que compromete la imparcialidad del nuevo contralor electo departamental, Juan Carlos Herrera Toro, quien asumirá su cargo el 1 de enero de 2026 para el periodo 2026-2029 y fungió previamente como apoderado de confianza de Rendón. El detrimento patrimonial estimado asciende a 26.186.600.440 pesos, originado en obras de ciclorrutas en el oriente antioqueño que no entraron en operación debido a problemas prediales y debilidades precontractuales.
La decisión se formalizó mediante una resolución ordinaria de la Contraloría General, respondiendo a riesgos en la objetividad del proceso ante el vínculo profesional entre Herrera Toro y el gobernador imputado. Además de Rendón, figuran como presuntos responsables Rodrigo Hernández Alzate, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia; exgerentes de Indeportes; siete exfuncionarios de esa entidad; la firma contratista involucrada y una aseguradora internacional. Se han señalado vínculos adicionales, como los de Ángela Jhoana Osorio Gómez con la administración de Rionegro y la empresa Edeso, en medio de denuncias por presunta cooptación política en la elección del contralor departamental, impulsadas por la Red de Veedurías de Colombia y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
Preocupaciones por imparcialidad en el ente fiscalizador
El proceso, que ahora culminará en la Contraloría nacional, subraya las tensiones en la veeduría fiscal departamental y busca garantizar un trámite imparcial frente a posibles favoritismos. Las ciclorrutas, planeadas para mejorar la movilidad en Rionegro, quedaron paralizadas por fallas en la gestión contractual y adquisición de predios, generando el cuantioso perjuicio al erario público.
“Tiene asidero el planteamiento de que el nuevo Contralor Departamental de Antioquia tiene un vínculo político con el actual gobernador departamental que puede comprometer su imparcialidad y objetividad para el trámite y decisión de la acción fiscal en el proceso de responsabilidad fiscal mencionado, dado que fungió como su apoderado de confianza”.
Resolución de la Contraloría General de la República, firmada por Carlos Hernán Becerra, contralor general
“Podría favorecer al señor gobernador departamental, Andrés Julián Rendón Cardona, imputado como responsable fiscal en ese proceso”.
Resolución de la Contraloría General de la República, firmada por Carlos Hernán Becerra, contralor general
Esta medida excepcional no solo afecta la confianza pública en la Contraloría de Antioquia, sino que resalta la necesidad de blindar los procesos de responsabilidad fiscal contra influencias políticas, en un contexto de crecientes demandas de transparencia en la gestión pública regional.
