Las altas cortes de Colombia, incluyendo la Corte Constitucional presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, iniciarán en 2026 la resolución de una serie de casos pendientes acumulados al cierre de 2025, que abarcan revisiones de constitucionalidad de reformas estructurales, decretos de emergencia económica, procesos penales por corrupción y demandas contra actos administrativos del Ejecutivo. Estos procesos, que comenzarán tras la vacancia judicial hasta el 13 de enero, involucran controles automáticos de constitucionalidad, demandas de inconstitucionalidad, investigaciones penales y acciones contenciosas administrativas, con un impacto directo en las políticas públicas, la economía y la política nacional del país.
Entre los asuntos más destacados figuran el saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por 4.000 millones de pesos, el contrato de Fonade por 1.065 millones de pesos adjudicado el 1 de agosto de 2017, el aumento del salario mínimo para 2026 del 23,7% y la condena a 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez. Estos casos acumulados reflejan tensiones en torno a reformas pensionales devueltas al Congreso por vicios de trámite, decretos como el 1390 de 2025 sobre emergencia económica y el 949 de 2025 que prohibía la exportación de carbón a Israel, así como problemas estructurales en el sistema de salud relacionados con financiación, medicamentos y la Unidad de Pago por Capitación desde 2023, además de intervenciones a EPS.
Corte Constitucional: reformas estructurales y crisis en salud
La Corte Constitucional tiene en su agenda la revisión de la reforma pensional, el Decreto 1390 de 2025 y la Sentencia T-760 de 2008, en la que se tramita un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Jaramillo, a quien se le critica por no haber respondido de manera adecuada ni eficaz a los problemas estructurales identificados.
“el Gobierno nacional no ha respondido de manera adecuada ni eficaz a los problemas estructurales identificados”
Corte Constitucional, en incidente de desacato contra ministro Guillermo Jaramillo
Corte Suprema de Justicia: corrupción y figuras políticas
La Corte Suprema de Justicia avanzará en el juicio por el saqueo de la Ungrd, donde ya están detenidos Iván Name y Andrés Calle por cohecho y peculado, con menciones a Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Martha Peralta, Berenice Bedoya, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz. También se revisarán procesos contra Ricardo Bonilla, Fernando Velasco y Carlos Ramón González, el caso de Armando Benedetti por interés indebido, tráfico de influencias y el contrato de Fonade —instrucción adelantada por la magistrada Cristina Lombana, según firma de abogados Benavides Marín Valencia que lo representa—, además de casaciones contra Álvaro y Santiago Uribe Vélez.
“la instrucción fue adelantada por la magistrada Cristina Lombana”
Firma de abogados Benavides Marín Valencia, representantes de Armando Benedetti
Consejo de Estado: demandas laborales y políticas
Por su parte, el Consejo de Estado analizará demandas contra el decreto de aumento del salario mínimo para 2026, la eliminación de la prima para congresistas, la pérdida de investidura de Isabel Zuleta y David Racero, y la nulidad del Decreto 949 de 2025, en una demanda donde el demandante acude a esta corporación para solicitar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad.
“Acudo a esta Corporación judicial en ejercicio del medio de control (…) en respetuosa solicitud de que se declare la nulidad por inconstitucionalidad”
Demandante contra Decreto 949 de 2025
Estos fallos, que involucran a congresistas, exministros y expresidentes, marcarán el rumbo de la agenda nacional al inicio de 2026, definiendo el destino de políticas clave en un contexto de alta tensión política y económica en Colombia.
