Mónica Higuera, quien fungió durante dos años como directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), renunció a su cargo tras advertir directamente al ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre los graves riesgos penales que implicaría la orden presidencial de nacionalizar 125 billones de pesos en ahorros pensionales invertidos en el extranjero. Esta medida, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, busca repatriar esos fondos en un plazo de seis meses para financiar el Plan General de Nacional 2026, que asciende a 546 billones de pesos, y destinarlos a proyectos de infraestructura, vivienda y sectores sociales.
En una conversación privada con Ávila, Higuera expresó su preocupación por el posible detrimento patrimonial para los millones de afiliados a los fondos de pensiones, argumentando que las inversiones, con plazos de maduración de entre 10 y 30 años y diversificadas en distintas jurisdicciones, monedas y activos para cubrir riesgos de liquidez y fluctuaciones cambiarias, no son especulativas sino de seguridad social a largo plazo. El ministro, según relató la exdirectora, le transmitió una instrucción directa del presidente Petro, insistiendo en que se trataba de una orden ineludible, aunque reconoció la viabilidad de traer ciertos recursos administrados por las AFP. Posteriormente, en una reunión con el viceministro Leonardo Pazos y el superintendente César Ferrari, Higuera presentó una propuesta técnica alternativa que implicaba un monto menor a los 125 billones, pero esta fue rechazada, precipitando su salida del cargo.
Riesgos penales y pérdidas millonarias en la mira
Los peligros señalados por Higuera incluyen no solo la responsabilidad penal para quienes firmen el decreto, como el presidente y el ministro, sino también la falta de liquidez en esas inversiones de largo plazo, lo que podría resultar en una recuperación inferior a la mitad del valor: apenas el 30 por ciento, el 20 por ciento o alrededor de 50 a 60 billones de pesos considerando una tasa de cambio de 2.000 pesos por dólar. El gobierno Petro ha insistido en esta repatriación forzada pese a las advertencias técnicas, priorizando la canalización de recursos hacia necesidades inmediatas del PGN 2026.
“Yo le digo que eso es imposible, que eso puede generar un detrimento patrimonial para los afiliados y que nos podemos ir a la cárcel”
Mónica Higuera, exdirectora de la URF
“Él me dice que es una orden. También me dice algo que yo le creo mucho a las AFP, porque sabe que eso sí se puede hacer y sí se puede traer”
Mónica Higuera, exdirectora de la URF, refiriéndose a Germán Ávila
La exdirectora enfatizó que, aunque como proyectista de la norma no asumiría responsabilidad penal directa, los firmantes sí enfrentarían consecuencias por un decreto con efectos negativos en el ahorro público. Su desafío a la instrucción presidencial subraya las tensiones internas en el equipo económico del gobierno, donde la urgencia fiscal choca con la prudencia regulatoria en la protección de los ahorros pensionales de los colombianos.
“Si las AFP tienen que salir a vender todo a lo que les den, se puede traer menos de la mitad de la plata, el treinta por ciento, el veinte por ciento”
Mónica Higuera, exdirectora de la URF
“En estricto sentido, yo como proyecto la norma, no tengo una responsabilidad penal sobre la norma. Pero quien la firma, que es el señor presidente, y quien la firma, que es el ministro, pues sí tienen una responsabilidad de cara a haber sacado un decreto que puede tener unos efectos negativos en el ahorro público”
Mónica Higuera, exdirectora de la URF
Este episodio revela las profundas divisiones en la ejecución de políticas económicas del actual mandato, con implicaciones directas en la estabilidad financiera de los fondos pensionales y la confianza de los afiliados en el sistema de seguridad social colombiano.
