El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, liderado por su director Larry Solís, junto con la Brigada Oriental y bajo las directrices del presidente José Raúl Mulino, anunció este 8 de enero la operación “Escudo de Acero” en la provincia del Darién. Esta iniciativa busca reforzar el control territorial y la seguridad ciudadana en zonas alejadas de la frontera regular, frecuentadas por coyotes que facilitan el paso irregular de migrantes. La medida responde a la incertidumbre generada en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en Estados Unidos, lo que podría desencadenar una nueva crisis migratoria a través de la peligrosa selva del Darién, que une Colombia y Panamá.
La operación se centra en blindar áreas remotas para prevenir el uso de rutas no autorizadas, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias panameñas. Panamá ha implementado traslados masivos de migrantes hacia sus países de origen y ha firmado acuerdos con Estados Unidos para agilizar deportaciones, alineándose con las medidas más estrictas impulsadas por la administración de Donald Trump. De esta forma, el país centroamericano busca evitar convertirse en el principal paso hacia el norte para flujos migratorios masivos.
Evolución drástica en el flujo migratorio por el Darién
Los números reflejan una transformación radical en la ruta del Darién: en 2021 cruzaron 133.726 migrantes, cifra que escaló a 248.284 en 2022 y alcanzó un pico de 520.000 en 2023, para luego descender a 302.203 en 2024 y apenas 3.091 en lo que va de 2025, lo que representa una reducción del 99 por ciento. La mayoría de estos viajeros provienen de Venezuela, Haití, Ecuador y otras nacionalidades, enfrentando en su trayecto riesgos extremos como violencia, enfermedades y explotación por parte de traficantes.
Contexto regional y respuestas fronterizas
La captura de Maduro ha avivado temores de una transición prolongada en Venezuela, similar a crisis previas que desataron éxodos masivos. Panamá ya había cerrado rutas no autorizadas y acelerado deportaciones en 2024 y 2025, mientras que Colombia, por su parte, refuerza su frontera con Venezuela para contener posibles oleadas. Estas acciones conjuntas buscan mitigar una situación humanitaria que ha marcado la historia reciente de la región, protegiendo tanto la seguridad nacional como la vida de miles de migrantes vulnerables.
