La Fiscalía 20 Seccional de Cartagena ha bloqueado más de 80 folios de matrículas inmobiliarias que corresponden a más de 15 hectáreas de terreno en la zona de Cielo Mar, al norte de la ciudad, adyacente al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Esta medida judicial responde a un presunto fraude procesal en la venta ilegal de predios estatales, dentro del proceso penal número 27.749, y se complementa con una valla de notificación instalada desde el 1 de diciembre frente al aeropuerto para alertar a posibles terceros afectados por la comercialización irregular.
La Aeronáutica Civil, a través de su entidad Aerocivil, impulsa una demanda para la restitución de estos bienes de uso público vinculados directamente a la operación del aeropuerto, argumentando que forman parte del patrimonio público de la Nación. El Tribunal Superior de Cartagena ordenó a la Fiscalía tomar una decisión definitiva sobre la devolución de los predios, lo que ha paralizado transacciones y genera incertidumbre en megaproyectos inmobiliarios como el Gran Malecón del Mar del Distrito de Cartagena.
Impacto en compradores y el mercado de lujo
La situación pone en riesgo más de 1.700 apartamentos de lujo destinados a estratos 5 y 6, comercializados por grandes constructoras con valores unitarios entre 350 y 450 millones de pesos. Compradores nacionales y extranjeros enfrentan ahora la falta de certeza jurídica en la escrituración, lo que amenaza la viabilidad de complejos residenciales de alto standing en la zona.
Denuncia de una compradora afectada
Laura Arias, una de las compradoras damnificadas, presentó denuncia penal por estafa y una demanda civil por la ausencia de garantías en los títulos de propiedad. La intervención judicial incluye el bloqueo de registros en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con la valla de notificación sirviendo como advertencia pública sobre las irregularidades en la enajenación de estos terrenos estatales.
Este caso resalta las tensiones entre el desarrollo inmobiliario y la protección de bienes públicos en Cartagena, donde la proximidad al aeropuerto Rafael Núñez ha impulsado ambiciosos proyectos ahora en jaque por alegatos de fraude procesal.
