El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este 22 y 23 de diciembre de 2025 las resoluciones 471 y 473, mediante las cuales se crean zonas especiales temporales en municipios como Belén de Bajirá y Unguía en el Chocó rural, Tierralta en Córdoba, así como áreas en Cauca y Antioquia, destinadas a grupos armados como el Clan del Golfo —también conocido como EGC— y las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central. Estas medidas suspenden órdenes de captura para sus líderes durante procesos de conversación sociojurídica, con verificación a cargo de la Misión de la OEA y la Agencia para la Reincorporación, como parte de la política de Paz Total que busca facilitar el tránsito a la legalidad con vigencia hasta finales de 2026. La decisión ha desatado fuertes críticas del concejal de Bogotá Andrés Barrios, del partido Centro Democrático, quien la califica de otorgamiento de impunidad.
En la Resolución 471, los beneficiados incluyen a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como Zopas; Orozman Orlando Ostiza Blanco, alias Rodrigo Flechas; José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno, todos vinculados al Clan del Golfo. Por su parte, la Resolución 473 extiende estas prerrogativas a líderes de las disidencias como Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu; Ciro Alfonso Manzano, alias El Gringo; y Euser Motta Meneses. Estas zonas buscan propiciar avances en el cese al fuego y la reincorporación, en medio de reuniones previas en Doha, Catar, entre representantes del Clan del Golfo y el Gobierno nacional.
Contexto de controversia en víspera de Navidad
La medida se enmarca en una serie de iniciativas recientes del Gobierno, como la Resolución 327 de septiembre de 2025, que designó a exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Don Berna como gestores de paz. Sin embargo, las firmas se produjeron en plena víspera navideña con escasa divulgación pública, lo que ha intensificado las críticas por un supuesto trato especial a grupos armados ilegales justo cuando los colombianos celebraban las fiestas. El Gobierno defiende estas acciones como pasos concretos hacia la verificación internacional y la consolidación de la paz, aunque opositores las ven como concesiones riesgosas para la seguridad nacional.
“Mientras usted celebraba Navidad, Petro negociaba su seguridad… Esto no es ‘paz total’: es impunidad con firma presidencial”
Andrés Barrios, concejal de Bogotá (Centro Democrático)
Estas resoluciones mantienen su vigencia hasta finales de 2026, período en el que se espera que los procesos de diálogo avancen bajo supervisión internacional, en un esfuerzo por transformar la confrontación armada en vías legales de resolución de conflictos, aunque el debate sobre el equilibrio entre paz e impunidad sigue polarizando la opinión pública en Colombia.
