El Gobierno nacional de Colombia, a través del Decreto 1474 de 2025 expedido en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada desde finales del año anterior, incrementó de manera temporal los impuestos al consumo de licores, cigarrillos, tabaco y vapeadores, con o sin nicotina, destinando los fondos exclusivamente al Presupuesto General de la Nación. Esta medida, que regirá durante el año gravable 2026, ha generado una fuerte alerta por parte de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y los 32 gobernadores, quienes advierten sobre el impacto negativo en la autonomía fiscal regional. El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, impulsa esta iniciativa para fortalecer los recursos presupuestarios ante la crisis fiscal que atraviesa el país.
Entre las principales modificaciones fiscales se destaca la aplicación de un IVA del 19% a licores, vinos, aperitivos, apuestas y juegos de azar por internet, así como la limitación de la exención del IVA en compras internacionales solo para envíos inferiores a 50 dólares. Adicionalmente, se introduce un impuesto al patrimonio de hasta el 5% para grandes fortunas, un impuesto de renta del 50% para el sector financiero en 2026 y un tributo temporal del 1% sobre la extracción y exportación de petróleo y carbón. Estas medidas alteran la distribución tradicional de los recursos públicos, afectando directamente las rentas que los departamentos destinan a salud, educación y deporte.
Alarma por la autonomía territorial y riesgos de contrabando
La FND y los gobernadores han enviado una carta directa al ministro Germán Ávila Plazas expresando su preocupación, ya que los departamentos dependen en gran medida de estos gravámenes como una de sus principales fuentes de ingresos. La norma no solo vulnera la autonomía fiscal de las entidades territoriales, sino que podría incentivar el comercio ilegal al elevar los precios de los productos legales, abriendo la puerta a redes criminales y contrabando. Ante esto, se vislumbran posibles acciones judiciales por parte de los departamentos para cuestionar la constitucionalidad del decreto.
«el incremento del impuesto al consumo de licores y cigarrillos vulnera la autonomía fiscal de las entidades territoriales y pone en riesgo una de sus principales fuentes de ingresos»
Federación Nacional de Departamentos (FND) y 32 gobernadores
«un mayor precio de los productos legales podría incentivar el comercio ilegal»
Gobernadores
Esta controvertida decisión del Gobierno central pone en jaque el equilibrio financiero de las regiones en un contexto de emergencia prolongada, donde la necesidad de recursos para servicios esenciales choca con las demandas presupuestarias nacionales, dejando un panorama incierto para la gestión territorial en 2026.
