Un juez de control de garantías envió a prisión a ocho funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, junto con particulares que formaban parte de un denominado «cartel de procesos», por su presunta participación en una red de corrupción que manipulaba procesos judiciales relacionados con lavado de activos a cambio de millonarios pagos. La decisión se tomó el 9 de enero de 2026, tras las detenciones realizadas el 30 de diciembre de 2025 en Bogotá, Chiquinquirá en Boyacá, Pereira en Risaralda y Granada en Meta. De las nueve personas capturadas inicialmente, ocho recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras que una quedó vinculada judicialmente en libertad condicional desde su residencia.
La investigación, liderada por un Grupo de Tareas Especiales de la Seccional Bogotá y la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó cargos a los involucrados por delitos graves como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario. Estos funcionarios y particulares cobraban sumas de hasta 200 millones de pesos por direccionar procesos judiciales, alterar expedientes y manipular información reservada en casos de lavado de activos y extinción de dominio, activando la pesquisa a partir de denuncias sobre una estructura dedicada a traficar expedientes reservados.
Modus operandi de la red criminal
El esquema delictivo incluía la venta de información reservada, la alteración de expedientes, el acceso abusivo a bases de datos y sistemas informáticos para anticipar decisiones judiciales, así como presiones a víctimas y cobros millonarios documentados por la Fiscalía. Esta maniobra afectaba el Modelo Único de Investigación Financiera, implementado tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía, revelando una corrupción profunda en el manejo de procesos sensibles.
«Producto del trabajo de un Grupo de Tareas Especiales conformado por fiscales e investigadores de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, estas personas fueron imputadas, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario».
Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación anunció que continuará las investigaciones para identificar otros implicados y esclarecer el destino de los recursos ilícitos obtenidos, en un esfuerzo por desmantelar por completo esta red que socavaba la administración de justicia en el país.
