El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, liderando un equipo multidisciplinario de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, anunció recientemente el lanzamiento del proyecto Escudo Nacional Antidrones, una iniciativa con un presupuesto cercano a los 6.2 billones de pesos destinada a proteger a la población civil y a la Fuerza Pública frente al uso de drones en actividades criminales. El proyecto se estructura en tres líneas estratégicas principales: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología. Este anuncio se realizó en la sede del Ministerio de Defensa, con una reunión informativa programada para el viernes 16 de enero a las 9:00 a.m., en respuesta al creciente amenaza de drones ilícitos empleados por grupos armados organizados.
La necesidad de esta medida se evidencia en las cifras alarmantes de 2025, cuando el Ejército nacional frustró 8.872 ataques con drones cargados de explosivos dirigidos contra instalaciones militares y policiales, neutralizando 982 de ellos mediante tecnología de interceptación de señales. La Tercera División, que cubre Cauca, Nariño y Valle del Cauca, reportó 2.500 incidentes; la Segunda División, en Santander, Norte de Santander y Bolívar, registró 2.000; la Séptima División en Antioquia contabilizó 1.400; la Cuarta División en los Llanos Orientales y Meta sumó 1.200, mientras que el resto del país tuvo menos de 400 casos. Este proyecto refuerza la seguridad nacional ante la ofensiva de grupos armados que han mejorado tecnológicamente sus drones, en medio de la búsqueda activa de cabecillas como José Sánchez Navarro, alias Wilster, y Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, del frente Camilo Torres del ELN, quienes cuentan con órdenes de captura por graves delitos.
Modalidad de contratación y requisitos técnicos
El Escudo Nacional Antidrones se implementará mediante contratación directa en la modalidad «Gobierno a compañía», priorizando fabricantes respaldados por gobiernos o embajadas, con pruebas exhaustivas en condiciones reales de operación y excluyendo a integradoras y comercializadoras. Los requisitos incluyen una actualización constante de equipos, entrenamiento continuo para el personal e instructores, y el respaldo gubernamental de los proveedores. El proceso de evaluación de propuestas estará a cargo de equipos internos técnicos, económicos y jurídicos, con seguimiento realizado por un grupo de transparencia del Ministerio y una empresa especializada en contratación estatal, garantizando así la efectividad y la accountability en esta crucial apuesta por la defensa aérea del país.
