Jheny Salina, residente en Bogotá, ha sido víctima de suplantación de identidad y fraude financiero desde 2021, cuando junto a su esposo fueron asaltados a mano armada y les robaron sus cédulas de ciudadanía. Con estos documentos, desconocidos solicitaron múltiples líneas telefónicas, líneas hogar y otros productos en empresas como Tigo, generando perjuicios económicos que ascienden hasta los 10 millones de pesos. A pesar de múltiples denuncias ante la Fiscalía, reportes en las entidades involucradas y el acompañamiento de un abogado, las validaciones defectuosas han permitido la reactivación de estos fraudes desde principios del año pasado, revelando la fragilidad de los sistemas de verificación sin biometría ni dactiloscopia.
El calvario de Salina comenzó seis meses después del robo, cuando empezaron a detectarse validaciones fraudulentas en entidades de telecomunicaciones y revistas para solicitar productos a su nombre. Aunque inicialmente las empresas bloquearon las líneas, los abusos se reanudaron recientemente, dejando a la víctima con deudas que no contrajo. «No me hacen ninguna validación de biometría, aquí no me hacen ninguna dactiloscopia. Yo les pido más validaciones y la respuesta de ellos es que sí soy, que soy la persona que ellos están indicando», relató Salina en un testimonio a Citytv.
La respuesta de Tigo y las acciones legales
Frente a las quejas, Tigo emitió un comunicado oficial afirmando que, tras validar la información en sus sistemas, no encontraron inconsistencias que indicaran suplantación o falsedad documental, por lo que los cargos generados en la línea son responsabilidad de la usuaria. Sin embargo, el abogado Julián Beltrán, quien representa a Salina, anunció que están adelantando una denuncia formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la vulneración de datos personales, además de una acción de tutela. «Con el hecho de que con la cédula de ciudadanía de Jenny puedan solicitar los productos, pero no corroborar si realmente es Jenny, están dejando o están vulnerando el derecho que tiene Jenny de sus datos personales y su privacidad», explicó Beltrán.
“Eso empezó desde el 2021, que fui víctima de robo, conjunto con mi esposo. Nos asaltaron a mano armada”
Jhenny Salina, víctima
Contexto de un fraude en auge en Colombia
El caso de Jheny Salina ilustra las dificultades que enfrentan las víctimas para proteger sus derechos ante entidades con sistemas de validación precarios, en un país donde el fraude financiero digital crece de manera sostenida. Según Asobancaria, en el primer semestre de 2025 se registraron más de 218.000 reclamaciones por fraude en canales financieros. DataCrédito reporta que el 97,7% de los colombianos percibe el fraude como frecuente, con un 36,6% de víctimas directas en los últimos 12 meses y un 61% que conoce a alguien afectado de cerca. Las estafas más comunes incluyen compras en línea con un 34,5%, fraude digital en 26,7% y robo de datos de tarjetas en 14%, impulsando la necesidad de mejores sistemas de detección.
“Solicitaron bastantes líneas telefónicas, líneas hogar. Adicional a eso, aperturaron solicitud de productos. Estoy hablando de que en este momento va alrededor de hasta 10 millones de pesos”
Jhenny Salina, víctima
«Todo lo puse denuncias ante fiscalía, tengo acompañamiento de abogado y en distintas entidades yo generé el reporte. Efectivamente, ellos en ese momento hicieron validación, bloquearon, pero ahora evidencio que desde principios del año pasado, otra vez, las mismas entidades volvieron a solicitar los productos», agregó Salina, subrayando la falta de soluciones permanentes pese a los bloqueos temporales. Este incidente pone en evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de seguridad en el sector telecomunicaciones y financiero para evitar que el robo de datos personales siga traduciéndose en pérdidas millonarias para los ciudadanos.
