El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), dependiente del Gobierno nacional, expidió el Decreto 1083 de 2025, que introduce modificaciones al régimen sanitario para la producción, importación y comercialización de bebidas alcohólicas en Colombia. Esta norma, que entrará en vigor el 14 de enero de 2026, altera los decretos 1686 de 2012, 162 de 2021 y 1366 de 2020, con el objetivo de fortalecer la vigilancia sanitaria y eliminar cargas regulatorias innecesarias, promoviendo un enfoque basado en el riesgo sin comprometer la protección de la salud pública.
Entre los cambios más destacados se encuentra la supresión de la certificación obligatoria en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que ahora pasa a ser voluntaria, aunque su cumplimiento sigue siendo obligatorio. Para los productos nacionales, se exige presentar un concepto sanitario emitido por la autoridad local competente como requisito para el registro sanitario. En el caso de las bebidas importadas, se mantiene la exigencia del Certificado de Venta Libre vigente del país de origen. Además, se establece un régimen diferenciado para los microempresarios, eliminando el requisito de BPM para bebidas de la misma clasificación y marca, y ampliando la vigencia de certificaciones previas en cinco años para este sector, mientras que para los certificados BPM anteriores se otorga una prórroga de dos años adicionales desde la entrada en vigor del decreto.
Medidas para facilitar la industria y garantizar la calidad
Invima ha informado que estas actualizaciones normativas buscan simplificar procesos sin bajar los estándares de seguridad, invitando a los actores del sector a revisar el decreto completo y ajustar sus operaciones de manera oportuna. La certificación BPM voluntaria sigue disponible para quienes deseen demostrar un compromiso adicional con la calidad. De esta forma, el Gobierno nacional equilibra la necesidad de una vigilancia más eficiente con el apoyo a pequeños productores y comercializadores, en un mercado que abarca todo el territorio colombiano.
Esta modificación representa un paso hacia la modernización del control sanitario en la industria de bebidas alcohólicas, beneficiando especialmente a microempresarios al reducir barreras administrativas, al tiempo que se preserva la integridad de los productos disponibles para los consumidores en el país.
