La Defensoría del Pueblo rechazó enfáticamente la masacre ocurrida en la noche del viernes 9 de enero en el barrio Altos de Parrantial de Maicao, La Guajira, donde hombres armados que se movilizaban en una camioneta abrieron fuego contra un grupo de civiles con armas cortas y largas, dejando un saldo de cinco personas muertas e identificadas como Eider Cantillo de 33 años, Janer Bustamante de 23, Alex Mendoza de 25, Jean Carlos Meza Estrada de 27 y Víctor Manuel Jurado Maza de 32, así como dos heridos que responden a los nombres de Francisco José Vidal De la Hoz y Duan Manuel Guerra Ponc.
Cuatro de las víctimas fatales perecieron en el lugar de los hechos y una más falleció posteriormente en un centro asistencial, mientras los dos heridos permanecen bajo atención médica; este suceso marca la primera masacre registrada en La Guajira durante 2026 y la entidad señaló como presuntos responsables al grupo armado ilegal Conquistadores de la Sierra, en un contexto de alerta temprana 039 emitida en 2019 que advierte sobre el alto riesgo de violaciones a los derechos humanos por parte de estructuras criminales en la zona.
Exigencias urgentes a las autoridades
En un comunicado emitido el domingo 11 de enero, la Defensoría del Pueblo demandó la identificación y captura de los responsables, así como acciones inmediatas de protección para la población; la entidad participó en un Consejo de Seguridad extraordinario junto a la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, que recolectaron las pruebas iniciales en la escena del crimen, aunque los agresores lograron huir sin ser detenidos y las autoridades aún no han esclarecido los móviles ni los objetivos específicos de las víctimas.
“La Defensoría del Pueblo participó de un Consejo de Seguridad extraordinario y requirió a las autoridades para que se avanzara en la realización de las necropsias medico-legales”
Defensoría del Pueblo
Entre las exigencias destacadas se encuentran la pronta realización de necropsias médico-legales, una investigación eficaz por parte de la Fiscalía, medidas de protección coordinadas por los Ministerios del Interior y Defensa, y un seguimiento permanente por parte de la Defensoría para evitar nuevos episodios de violencia en una región marcada por la presencia de grupos armados ilegales.
