El jurista internacional y académico Martín Eduardo Botero cuestionó con dureza el contrato por 10.000 millones de pesos adjudicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) a la firma británica Amadeus Consultancy Limited, liderada por el abogado estadounidense Daniel Martin Kovalik, para la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro frente a su inclusión en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Las críticas de Botero se hicieron públicas este domingo 11 de enero en redes sociales, particularmente en la plataforma X, donde denunció el uso de recursos públicos para un asunto que considera personal del mandatario.
El contrato, oficializado tras octubre de 2025 y con ejecución prevista hasta abril de 2026, se adjudicó por contratación directa debido a la ausencia de personal especializado en la Presidencia para manejar defensas ante la OFAC. Incluye análisis técnicos sobre sanciones internacionales y una cláusula de confidencialidad, con pagos distribuidos en cuatro cuotas iguales de 500.000 libras esterlinas cada una, equivalentes a unos 2.500 millones de pesos, por un total de dos millones de libras esterlinas. Los desembolsos serán mensuales, con posibilidad de anticipos y la obligación de entregar informes periódicos.
Cuestionamientos jurídicos al gasto público
Botero, graduado de la Universidad de Siena en Italia, doctor en Derecho Constitucional Europeo y fundador del Centro Europeo de Justicia Transicional, argumentó que la justificación de un «riesgo institucional» no alcanza para legitimar el desembolso de fondos del erario público en una defensa que percibe como personal del presidente y su círculo cercano, quien además carece de visa norteamericana desde su inclusión en la Lista Clinton.
«Esto no es política exterior. Es autodefensa con dinero del Estado. Cuando un presidente usa impuestos para pagar abogados que lo saquen —a él y a su círculo— de una lista de sanciones personales, se cruza una línea grave: la confusión deliberada entre Estado y persona. No gobierna para todos: se protege a sí mismo».
Martín Eduardo Botero, jurista internacional y académico
El jurista profundizó en la ilegalidad potencial del contrato al demandar precisión jurídica y pruebas sobre el supuesto riesgo institucional, en un contexto donde las críticas se han extendido al ámbito político, incluyendo voces como la de la senadora María Fernanda Cabal. Recordó que Daniel Martin Kovalik había declarado en octubre de 2025 su disposición a actuar pro bono inicialmente para el caso de Petro.
«La pregunta no es ideológica. No es electoral. No es mediática. Es jurídica. ¿Con qué fundamento legal se comprometen $10.000 millones del erario para gestionar un asunto personal —su eventual situación ante Ofac— bajo la apariencia de ‘riesgo institucional’? Porque aquí está el nudo del problema: si el riesgo es personal, el gasto es ilegal; si el riesgo es institucional, explíquelo con precisión jurídica y pruebas».
Martín Eduardo Botero, jurista internacional y académico
«¿Por qué los colombianos deben pagar la defensa personal del Presidente y de su círculo frente a sanciones individuales? No hay respuesta legítima que no pase por una conclusión incómoda: no deberían. Si la inclusión en Ofac es injusta, se combate con recursos propios. Si es infundada, se desvirtúa con abogados privados. Si es política, se enfrenta con responsabilidad personal, no con la chequera del Estado».
Martín Eduardo Botero, jurista internacional y académico
Este episodio reaviva el debate sobre los límites entre los intereses personales del jefe de Estado y el manejo de los recursos públicos en Colombia, en medio de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos derivadas de las sanciones impuestas por la OFAC.
