El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, salió en defensa del presidente Gustavo Petro frente a las críticas del exdirector del Dane y candidato presidencial de la Gran Consulta por Colombia de centro-derecha, Juan Daniel Oviedo, quien cuestionó los aumentos de tarifas ajustados a la inflación en servicios como peajes y cuotas de administración. Rojas Medellín argumentó en un mensaje publicado en su cuenta de X (@DanielRMed) que los precios se convierten en un instrumento de poder dentro de las disputas distributivas, respondiendo directamente a las acusaciones de Oviedo sobre la inconsistencia entre el alza del salario mínimo y la supuesta contención de costos.
El intercambio se dio en plataformas digitales, donde Oviedo había comparado la política económica del gobierno con la de un amigo que invita a salir pero desaparece al momento de pagar la cuenta, destacando que el salario mínimo propuesto subiría un 23% mientras los costos de administración solo se esperarían en 6% u 8%. Rojas Medellín respaldó la visión presidencial citando al economista italiano Piero Sraffa, al recordar que el presidente Gustavo Petro había mencionado que toda inflación es una disputa por la distribución del ingreso, y enfatizó que la inflación actúa como un mecanismo de ajuste social más que como un fenómeno puramente técnico.
Los precios como herramienta política
En su publicación, el ministro profundizó en la idea de que los precios no son meras señales de mercado, sino herramientas para resolver temporalmente conflictos distributivos relacionados con el excedente productivo entre salarios y beneficios. Subir precios, según Rojas, representa una decisión política para defender beneficios, disciplinar salarios reales y redefinir la distribución del ingreso. Oviedo, por su parte, aportó datos del año pasado para sustentar su crítica: la cuota de administración subió un 8,99%, muy cerca del 9,53% que aumentó el salario mínimo, lo que genera un impacto en los costos desde marzo, ya que la economía responde a realidades de costos y no a decretos, y siempre alguien termina pagando la cuenta.
«¿Recuerdan cuando el presidente @petrogustavo citando al economista italiano Piero Sraffa dijo que toda inflación es una disputa por la distribución? Acá está claro. La inflación es un mecanismo de ajuste social, no un fenómeno técnico.»
Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación
«Los precios no son simples señales de mercado. Son herramientas para resolver, de manera temporal, el conflicto distributivo. Subir precios es una forma de defender beneficios, disciplinar salarios reales y redefinir la distribución. Son una decisión política.»
Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación
Oviedo intensificó su réplica con una analogía cotidiana, afirmando que Petro es como ese amigo buena gente que propone planes e invita, pero se va antes de la cuenta, y que pedir contención en cobros mientras la inflación y el salario mínimo elevan costos no es macroeconomía seria, sino mero deseo. Este debate se enmarca en la controversia por los incrementos de tarifas ligados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) e inflación, donde el ministro reafirma el respaldo al Ejecutivo en medio de la polémica económica.
«¿Alguno de ustedes tiene ese amigo muy “buena gente”, el que invita, propone planes, pero cuando llega la cuenta… ¿no paga o se va? Bueno, esto es más o menos eso. @petrogustavo es el amigo que invita sin plata, antes de irse. Subir el salario mínimo 23% y esperar que los costos de administración suban solo 6% u 8% no es macroeconomía, es deseo.»
Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane
«Un dato clave: el año pasado la cuota de administración subió 8,99%, muy cerca del 9,53% que subió el salario mínimo. Entonces, saquen cuentas. El golpe en la administración se siente desde marzo. Porque la economía no funciona por decreto, funciona por costos. Siempre alguien paga la cuenta. Y casi nunca es el que más habla.»
Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane
La discusión, visible en las cuentas de X de ambos (@DanielRMed y @JDOviedo), pone de manifiesto las tensiones políticas y económicas previas a las elecciones, con el gobierno defendiendo su enfoque en la distribución del ingreso frente a las advertencias sobre impactos reales en los bolsillos de los ciudadanos.
