La Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigida por Hernán Penagos, emitirá esta semana un concepto técnico sobre la viabilidad de la solicitud presentada por el comité promotor para recolectar firmas y convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa impulsada por el presidente Gustavo Petro. La petición fue radicada el pasado 26 de diciembre de 2025 ante la entidad en Bogotá, y el pronunciamiento se espera dentro de los 15 días hábiles siguientes, lo que verifica los requisitos legales para expedir los formularios oficiales e iniciar un periodo de recolección de tres meses, una vez superado este paso clave.
El objetivo de esta movilización popular es reformar la Constitución Política de 1991, ante el bloqueo legislativo que han enfrentado varias reformas del Gobierno nacional. El mínimo legal de firmas requerido es de 2,5 millones, pero el comité aspira a reunir al menos tres millones y hasta diez millones de rúbricas para otorgarle mayor fuerza a la iniciativa ante el próximo Congreso de la República, que se instalará después del 20 de julio, una vez concluidas las elecciones presidenciales. El proceso de recolección se extenderá por tres meses y no coincidirá con el periodo electoral, según precisó Armando Benedetti, ministro del Interior.
Participación gubernamental y críticas al cambio constitucional
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, asistió como delegado del Gobierno a la radicación de la solicitud, resaltando la importancia de esta vía popular para superar los obstáculos en el Congreso. Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia, especialmente por el giro en la postura del presidente Petro, quien en 2018 prometió no convocar una Asamblea Constituyente y ahora la respalda activamente. La Constitución de 1991 fue promulgada tras la desmovilización del M-19, grupo guerrillero en el que militó Petro en su juventud, lo que ha avivado debates sobre la coherencia de esta propuesta.
“Esperamos que este comité promotor cumpla con el reto de recoger, mínimo, tres millones de firmas, pero hemos querido que sean 10 millones de colombianos y colombianas que le den la fuerza suficiente para que el próximo Congreso de la República examine esta iniciativa popular legislativa”
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
El exmandatario Álvaro Uribe Vélez criticó duramente la movida, calificándola como una estrategia electoral y recordando el rol histórico del M-19 en la elaboración de la Carta Magna actual.
“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”
Álvaro Uribe Vélez, exmandatario
Otros sectores también han expresado rechazo, como Iris Marín, defensora del Pueblo, quien se opone a cualquier cambio en la Constitución, mientras el Gobierno insiste en que esta es la ruta legítima para avanzar en sus reformas ante la parálisis legislativa. La decisión de la Registraduría marcará el rumbo de esta ambiciosa apuesta popular en el panorama político colombiano.
