La representante a la Cámara Carolina Arbeláez arremetió contra el borrador de decreto publicado por el Ministerio de Vivienda, que obliga la comercialización de Vivienda de Interés Social (VIS) exclusivamente en pesos colombianos y prohíbe su indexación automática al salario mínimo legal mensual vigente (SMLV) después de la separación o promesa de compraventa. Esta medida, disponible para comentarios públicos hasta el 24 de enero de 2026, genera controversia en el sector constructor al cambiar las reglas previas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro, que permitían esa indexación para ajustar precios regulados por normativas y topes específicos.
El borrador precisa que toda separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario o cualquier negocio jurídico para adquisición de VIS deberá fijar de manera expresa, clara y verificable el precio total en pesos colombianos, sin mecanismos de indexación automática al SMLV posterior a esos actos. Solo se permitirán ajustes por motivos extraordinarios avalados por el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (Icce) del Dane, en casos que afecten insumos. Esta propuesta llega en un contexto de crisis para el sector: las ventas de vivienda nueva han caído más del 40%, la informalidad laboral alcanza el 70% según el Dane, el salario mínimo para 2026 se ubicará en 2.000.000 pesos, y más de 24.000 familias quedaron afectadas por la cancelación del programa Mi Casa Ya, con créditos aprobados y ahorros invertidos sin acceso a vivienda.
Arbeláez denuncia impacto en hogares de bajos ingresos
Desde su cuenta en X, Arbeláez criticó la iniciativa el 10 de enero de 2026, coincidiendo con las declaraciones del presidente Petro, quien calificó la fijación de precios VIS como una «estafa delictiva», avivando el miedo e incertidumbre entre constructoras que no fijan precios de manera autónoma, sino que la indexación define techos máximos sin incrementos automáticos. La representante argumenta que el aumento del salario mínimo eleva costos de insumos, mano de obra y procesos administrativos, haciendo inviable la VIS a largo plazo, donde suben salarios, tasas, licencias e insumos.
«Insisto y lo explico: NO SE DEJEN ENGAÑAR… La vivienda VIS exige largo plazo y en ese tiempo suben salarios, tasas, licencias, insumos y costos financieros».
Carolina Arbeláez, representante a la Cámara
Arbeláez enfatizó que el propio Plan Nacional de Desarrollo amarró los precios al SMLV, y cambiarlo por decreto, incluso contra la ley, destruye la viabilidad del sector. Según ella, los grandes perdedores serán los hogares de menores ingresos, con una reducción en la oferta, subida de precios y empuje hacia asentamientos informales.
«el propio Plan Nacional de Desarrollo del gobierno amarró los precios al SMLV. Cambiar ahora las reglas por decreto, e incluso contra la ley, solo destruye la viabilidad del sector».
Carolina Arbeláez, representante a la Cámara
«¿Quién pierde? Los hogares de menores ingresos, porque se reduce la oferta, suben los precios y se empuja a más familias hacia asentamientos informales».
Carolina Arbeláez, representante a la Cámara
La opositora tildó la medida de «populismo que vende humo», calificándola como regresiva, torpe y socialmente dañina, al tiempo que acusó de irresponsabilidad al gobierno. Mientras el Ministerio insiste en que «en ningún caso dicho precio podrá quedar sujeto a mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo legal mensual vigente con posterioridad a la separación, a la suscripción de la promesa de compraventa o del documento que haga sus veces», el debate público se intensifica ante los riesgos para miles de familias colombianas que dependen de la VIS para acceder a una vivienda digna.
