El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el senador Mauricio Gómez Amín han elevado duras críticas contra el Gobierno nacional por el traslado de más de 40 reclusos altamente peligrosos a cárceles locales de la ciudad, una medida ordenada en los últimos días antes del Carnaval y justificada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como parte de los diálogos de paz. Entre los internos figuran figuras como Digno Palomino Rodríguez, vinculado a la banda Los Pepes, Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor de Los Costeños, y alias Negro Ober, todos ellos señalados por su implicación en actividades criminales graves.
Esta decisión, enmarcada en la Resolución Ejecutiva N.º 442 para acercamientos con grupos armados, responde a una solicitud del comisionado de Paz, Otty Patiño, y se ejecuta mediante decreto nacional bajo la vigilancia estricta del Inpec, con el objetivo de sostener la tregua en los procesos de paz y proteger a la ciudadanía, según Idárraga. Sin embargo, las autoridades locales denuncian una falta total de consulta y una contradicción flagrante con los esfuerzos municipales en seguridad, donde la Alcaldía ha invertido más de 150.000 millones de pesos para reducir la criminalidad y la extorsión, logrando resultados significativos gracias al esfuerzo de la comunidad.
Indignación local ante el respaldo percibido a delincuentes
Bandas como Los Pepes y Los Costeños han sido responsables de numerosos homicidios, extorsiones y tráfico de drogas en Barranquilla y el departamento del Atlántico, lo que hace aún más controvertido este traslado al corazón de la ciudad. Alejandro Char ha cuestionado abiertamente el actuar del Gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras el senador Mauricio Gómez Amín acusa directamente al Ejecutivo de privilegiar a las estructuras criminales en detrimento de la población.
“Increíble el actuar del Gobierno nacional”
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla
“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla
Char ha advertido que cualquier incidente en la ciudad derivado de estos traslados recaerá en la responsabilidad del mal manejo de la denominada ‘Paz Urbana’, y ha solicitado una reunión urgente con los gremios, el gobernador Eduardo Verano De la Rosa y el Ministerio Público ante la proximidad del Carnaval, que atraerá miles de turistas.
Respuesta oficial y verificaciones de inteligencia
Por su parte, el ministro Idárraga ha enfatizado que el proceso es estrictamente vigilado por el Inpec, se ajusta a la legalidad y no otorga privilegios a los reclusos, con el fin de sostener la tregua. Además, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, ha verificado la voluntad de paz de estas estructuras criminales, en un contexto de diálogos que busca desmovilizaciones.
“Mientras Barranquilla invierte y lucha por derrotar a las estructuras criminales, Petro las traslada al corazón de la ciudad”
Mauricio Gómez Amín, senador
“La historia juzgará quién defendió a la gente y quién protegió a los delincuentes”
Mauricio Gómez Amín, senador
La polémica se intensifica en vísperas del Carnaval, con Char alertando sobre posibles riesgos para la seguridad ciudadana y Gómez Amín profetizando un juicio histórico sobre estas decisiones del Gobierno nacional, que contrastan con los avances locales en la lucha contra el crimen organizado.
