El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este fin de semana en su cuenta de X la apertura de investigaciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra aquellas empresas que incrementen de manera irracional sus precios al consumidor, justo después del reciente aumento del salario mínimo. Esta medida responde a la escalada de precios observada en enero y busca contrarrestar el desanclaje de las expectativas de inflación señalado por el economista Javier Mejía, permitiendo que la ciudadanía presente denuncias directamente ante la SIC para fiscalizar estas prácticas en todo el país.
El ajuste salarial para 2026, establecido por decreto gubernamental con un incremento del 23,7 por ciento, eleva el salario mínimo mensual a 1.750.905 pesos, impactando sectores clave como la construcción, donde la mano de obra representa el 25 por ciento de los costos directos y podría generar un alza total estimada del 4 por ciento. En el ámbito de la vivienda social, esto se traduce en aumentos significativos, con precios que podrían llegar hasta los 49.000.000 pesos en 2026, mientras que el tope máximo para viviendas de interés social (VIS) pasaría de 192.000.000 a 236.000.000 pesos, generando preocupación por el acceso a la vivienda y la generación de empleo.
Reacciones del sector privado y expertos
El gremio de la construcción, representado por Camacol, ha expresado profunda inquietud ante estos incrementos, argumentando que mejorar el ingreso de los trabajadores formales no debería frenar la creación de nuevos empleos, presionar la inflación ni encarecer la vivienda social. Guillermo Herrera, presidente de Camacol, subrayó esta posición, mientras que el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, criticó el aumento desproporcionado del salario mínimo como un detonante obvio de inflación, comparándolo con una bola de nieve que genera desabastecimiento y escasez, similar a experiencias en otros países.
“mejorar el ingreso de los trabajadores formales no debe hacerse a costa de frenar la generación de nuevos empleos, presionar la inflación y encarecer la vivienda social”
Guillermo Herrera, presidente de Camacol
“Se te desbordó el tema. Era obvio que un aumento desproporcionado en el salario mínimo iba a generar más inflación y esto es una bola de nieve difícil de parar. Cualquier intento por hacerlo genera desabastecimiento y escasez, así ha sucedido en muchos países que siguieron su camino equivocado”
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de Universidad EIA
En el plano político y económico, el economista Javier Mejía describió el fenómeno como un desconcierto colectivo que genera ansiedad por el temor al empobrecimiento, un desanclaje de expectativas inflacionarias sin solución por decreto. Críticas más duras vinieron del representante a la Cámara Andrés Forero, quien equiparó las políticas de Petro con las de Hugo Chávez, y del concejal de Bogotá Humberto Amín, quien defendió los ajustes de precios al recordar que para una empresa con cinco empleados mínimos, el costo operativo salarial sube un 23,7 por ciento, haciendo inevitable el traslado a los consumidores. Además, voces como la de la exdirectora de la URF Mónica Higuera y el ingeniero David Baquero han resaltado la necesidad de mayor fiscalización y el rol de la oferta y demanda en estos escenarios.
“Ese desconcierto al ver los precios de todo subir y la ansiedad de sentir que si uno no empieza a cobrar más se estará empobreciendo es el desanclaje de las expectativas de inflación. Así luce. Es un fenómeno de psicología colectiva y pa’ eso no hay decreto que sirva”
Javier Mejía, economista
“No hace falta ninguna investigación, presidente Petro. Si un colombiano tiene una empresa y tiene a su cargo cinco empleados con el salario mínimo, el costo mensual de operación se le incrementó solo por factor salarial un 23,7%. Es obvio que los precios de los productos suban”
Humberto Amín, concejal de Bogotá
Respuesta gubernamental y perspectivas futuras
Frente a estas tensiones, el Gobierno Nacional ha anunciado su intención de desindexar productos y servicios del salario mínimo, con el Ministerio de Vivienda preparando un borrador de decreto para fijar los precios de VIS y VIP en pesos colombianos fijos, buscando mitigar el impacto en el acceso a la vivienda social y preservar la generación de empleo. Petro, por su parte, enfatizó la acción inmediata de la SIC y llamó a la ciudadanía a denunciar abusos.
“por eso se actúa ya investigando con la Superintendencia de Industria y Comercio toda empresa que suba irracionalmente sus precios al cliente”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“la ciudadanía puede denunciar esas empresas a la superintendencia”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Este debate nacional pone en el centro las tensiones entre el aumento del poder adquisitivo de los trabajadores y la estabilidad económica, con Camacol y otros actores insistiendo en la necesidad de equilibrar políticas para no comprometer el empleo ni la oferta de vivienda accesible en Colombia.
