El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, liderado por la ministra Helga Rivas, publicó este semana un proyecto de decreto que busca eliminar la indexación automática de los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) al salario mínimo legal mensual vigente, estableciendo un plazo para comentarios públicos hasta el 24 de enero. Esta medida surge en respuesta al anuncio de un aumento cercano al 23% en el salario mínimo para 2026, que lo elevaría a dos millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte, lo que dispararía los topes máximos de precios VIS de 213,5 millones a 262,6 millones de pesos, con un tope general de 135 salarios mínimos.
De acuerdo con el proyecto, los precios de las viviendas VIS se pactarán en pesos colombianos desde el contrato inicial, con una indicación clara del total sin ajustes posteriores por incrementos en el salario mínimo, salvo variaciones extraordinarias en los costos soportadas por el Índice de Costos de Construcción de Vivienda (ICCE) del Dane. La norma aplicaría a nivel nacional en Colombia y responde a la activación automática de ajustes prevista en la Ley 388 de 1997 y la Ley 2294 de 2023, que vinculan los topes de VIS y Vivienda de Interés Prioritario al salario mínimo vigente.
Impactos económicos y sociales en debate
El cambio busca mitigar efectos en cadena como el impulso inflacionario proyectado en 242 puntos básicos según Cibest, con una inflación superior al 6% al cierre de 2026 según Credicorp Capital, frente a un previo 4,6%, y un deterioro del déficit fiscal estimado en 5,3 billones de pesos para 2026 (0,3% del PIB por Carf) y ocho billones anuales desde 2027 (0,4% del PIB). En el ámbito laboral, cada punto porcentual adicional en el salario mínimo reduce las nuevas contrataciones en un 1%, en un contexto de informalidad del 55,8% para 2025, mientras que más de 24.000 familias desistieron de compras de vivienda el año pasado por la cancelación del programa Mi Casa Ya. Actualmente, el 40% de los proyectos VIS se venden en el tope máximo, tendencia que podría generalizarse al 100% sin esta reforma.
Reacciones del Gobierno y el sector constructor
El presidente Gustavo Petro ha calificado de «estafa delictiva» la práctica de indexar precios VIS al salario mínimo, exigiendo transparencia en los contratos.
“Dejar de decirles a sus clientes que los precios de la vivienda se estudian para indexarlos al mismo porcentaje del salario vital, esa es una estafa delictiva”
Gustavo Petro, presidente de la República
La ministra Rivas enfatizó la fijación inicial en pesos sin cambios anuales.
“El precio de la vivienda se pacta en pesos desde el inicio y no se permite cambios de precios por el simple cambio de año”
Helga Rivas, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio
Por su parte, Camacol, el gremio de constructores, defendió los topes actuales como límites máximos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Gobierno, no como aumentos automáticos, mientras el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo advirtió que sin ajustes, el 40% actual de proyectos en tope máximo escalaría rápidamente al 100%, afectando el acceso a vivienda para bajos ingresos en medio de un debate sobre inflación, empleo formal y subsidios.
