La Contraloría General de la República emitió una alerta por la inmovilización de 4,84 billones de pesos en contratos fiduciarios, equivalentes a más de un tercio de los 13,46 billones comprometidos hasta diciembre de 2024 en Colombia. Esta revisión fiscal reveló irregularidades en 156 negocios fiduciarios que impiden la ejecución oportuna de recursos públicos destinados a obras y servicios esenciales, y la entidad anunció que implementará medidas fiscales para corregir la situación.
Entre los sectores más afectados destacan el Ministerio de Vivienda con 165.255 millones de pesos sin ejecutar, el Ministerio de Comercio con 109.320 millones y el Ministerio de Salud con 67.792 millones. Además, entidades como Scotiabank Colpatria acumulan 168.081 millones inmovilizados, mientras que fiduciarias como La Previsora y Fiduciaria Popular manejan montos significativos en esta problemática que genera procesos administrativos ineficientes y deficiencias contractuales.
Consecuencias graves para el Estado y la ciudadanía
La falta de ejecución oportuna no solo retrasa la entrega de proyectos de infraestructura, viviendas y centros de salud, sino que también provoca un mayor costo fiscal al mantener fondos en portafolios de baja rentabilidad, lo que reduce la eficiencia económica y la eficacia social del gasto público. Esta situación deriva en un doble perjuicio para el Estado, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos al postergar iniciativas clave financiadas con recursos públicos.
«deriva en un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal y pérdida de eficacia social»
Contraloría General de la República
La Contraloría subrayó que cada peso inmovilizado representa un proyecto paralizado, lo que impacta el Gasto Público Social y agrava las necesidades de la población en un contexto de revisión exhaustiva de las fiducias mercantiles. Ante esta realidad, las autoridades fiscales se preparan para actuar con determinación y recuperar la movilidad de estos fondos esenciales para el desarrollo nacional.
«cada peso inmovilizado es un proyecto de vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura que se aplaza, afectando directamente el Gasto Público Social (GPS) y la calidad de vida de los ciudadanos»
Contraloría General de la República
Con estas medidas en el horizonte, el país espera una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, evitando en el futuro escenarios que comprometan el bienestar colectivo y fortalezcan la confianza en las instituciones encargadas de su administración.
