La Corte Constitucional de Colombia asignó este martes 13 de enero de 2026, tras la vacancia judicial que se extendió desde finales de diciembre de 2025, la ponencia principal del Decreto 1390 de emergencia económica y social, declarada por el Gobierno de Gustavo Petro, al magistrado Carlos Camargo Assis. En el mismo sorteo, el magistrado Juan Carlos Cortés González recibió la ponencia del Decreto 1474. Esta distribución responde al control automático de constitucionalidad de estos decretos, emitidos el 31 de diciembre de 2025 tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso, y ante la solicitud del Consejo Gremial de una suspensión provisional por presunto abuso presidencial en materia tributaria.
Los decretos habilitan al Ejecutivo para crear o modificar tributos por decreto, en un contexto de grave déficit fiscal proyectado para el presupuesto de 2026 en 16,3 billones de pesos, impulsado por un aumento de 3,3 billones en gasto de salud debido a fallos judiciales, 3,7 billones de refuerzo presupuestal en seguridad y 1,5 billones para el pago de otras sentencias. El Gobierno justificó la emergencia citando ocho hechos agravantes, como barreras para nueva deuda impuestas por la regla fiscal y medidas unilaterales de Estados Unidos contra Colombia, lo que motivó la revisión priorizada de estos procesos, que recibirán conceptos de entidades como la Procuraduría General.
Perfil del magistrado ponente
Carlos Camargo Assis, nacido en 1979 en Cereté, Córdoba, y formado en la Universidad Sergio Arboleda donde cursó pregrado, maestría y doctorado en Derecho, asumió esta responsabilidad clave. Exmiembro del Consejo Nacional Electoral desde 2014, está casado con María Paulina Pineda García, hija de la exsenadora Nora García y hermana del senador Marcos Daniel Pineda, además de ser primo del exsenador David Barguil y tener lazos con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Su designación por sorteo marca el reinicio de la revisión, congelada durante la vacancia judicial.
«el abuso presidencial del estado de emergencia económica para suplantar al Legislador en su competencia de crear impuestos»
Consejo Gremial
La Corte podría optar por una suspensión provisional o declarar la inconstitucionalidad de los decretos, en un fallo que definirá el margen de maniobra del Gobierno Petro frente a la crisis fiscal, mientras el país observa con atención el desarrollo de estos procesos priorizados que podrían reconfigurar el panorama tributario y presupuestal para 2026.
