El ministro encargado de Justicia y Derecho, Andrés Idárraga, aclaró que la suspensión del traslado de tres cabecillas de las bandas criminales Los Pepes y Los Costeños a cárceles de máxima seguridad en Barranquilla se debe exclusivamente a la falta de cumplimiento de compromisos en los procesos de paz urbana, y no a las críticas del alcalde Alejandro Char. Los afectados son Digno José Palomino Rodríguez, líder de Los Pepes; Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, líder de Los Costeños, actualmente en la cárcel de Cómbita en Boyacá; y Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias El Negro Ober, recluido en La Picota en Bogotá junto con Palomino. Esta decisión se tomó este fin de semana, justo antes de que se ejecutaran los traslados ya autorizados.
Idárraga explicó que la suspensión surgió por contradicciones con el equipo negociador de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lo que evidencia el incumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos por estas bandas en la mesa de diálogo con esa entidad gubernamental. El Ministerio de Justicia no decide unilateralmente estos traslados, sino que actúa a solicitud de la oficina liderada por Otty Patiño, en el marco de los procesos de paz urbana impulsados por el Gobierno de Gustavo Petro.
Precisión en los objetivos de los traslados
El ministro enfatizó que cualquier posible reautorización de los traslados requeriría entrevistas previas con los cabecillas por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para determinar claramente el propósito de su movimiento, las funciones que cumplirían y garantizar que no se usen para intensificar la delincuencia en la ciudad. La prioridad absoluta es proteger la vida y el orden público en Barranquilla, donde se considera que las autoridades locales y departamentales no han actuado con suficiente efectividad en este frente.
«La suspensión de ese traslado no se da por la réplica del alcalde Char. La suspensión se da porque este fin de semana, previo a los traslados que ya estaban autorizados, surgieron alguna serie de contradicciones con el equipo negociador del Alto Comisionado para la Paz. De tal manera que la suspensión obedece es a una falta de cumplimiento de acuerdos y compromisos entre estas dos bandas criminales, en el marco de la mesa que tienen con la oficina del Alto Comisionado para la Paz».
Andrés Idárraga, ministro (e) de Justicia y Derecho
«Necesitamos determinar claramente a qué es que se trasladan esas personas, cuáles van, para qué van, qué funciones van a cumplir. Y obviamente que nuestra prioridad es seguir protegiendo la vida y el orden público en la ciudad de Barranquilla, cosa que en nuestra consideración no han venido haciendo las autoridades del departamento y de la alcaldía de Barranquilla».
Andrés Idárraga, ministro (e) de Justicia y Derecho
Idárraga también defendió la flexibilidad en los procesos de paz, recordando que experiencias nacionales e internacionales, como el acuerdo con las Farc, no siempre requieren un marco legal preestablecido para iniciar conversaciones, aunque sí para su protocolización final. Estas medidas, solicitadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, responden a críticas de sectores políticos, incluido el alcalde Char, que advertían un posible aumento de violencia en la ciudad atlántica. No obstante, el ministro dejó abierta la puerta a una reautorización una vez superadas las dificultades actuales.
La noticia se basa en información de Colprensa.
