La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz, emitió un comunicado público exhortando a la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, a respetar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 27 de julio de 2022, que declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano en el exterminio sistemático de la Unión Patriótica (UP) entre 1984 y 2002. Esta medida surgió tras las declaraciones de Cabal a La Silla Vacía, donde negó la responsabilidad estatal y atribuyó los hechos exclusivamente a las Farc y el ELN, rechazando además una carta de rectificación enviada por la Corporación Reiniciar.
La sentencia de la Corte IDH, en el caso “Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”, acreditó el exterminio sistemático de la UP, con énfasis en la región de Urabá entre 1995 y 1997, donde el 83,5 por ciento de los casos de victimización fueron perpetrados por grupos paramilitares, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica citados en la decisión judicial. La Defensoría argumentó que negar estos hechos judiciales desde un cargo público reproduce discursos estigmatizantes que vulneran la democracia, la memoria histórica y agravan la violencia selectiva, recordando cómo la estigmatización asoció a la UP con insurgentes para justificar ataques.
Etapas de victimización y exhortación moral
El periodo de victimización de la UP se divide en etapas claras: entre 1984 y 1988 predominó la violencia estatal; de 1989 a 1994 actuaron los paramilitares; de 1995 a 1997 se registró la máxima intensidad de violencia; y de 1998 a 2002 continuaron las amenazas y desplazamientos. La Corte IDH dispuso medidas de reparación y enfatizó la obligación de no negar los hechos acreditados, en un contexto donde la estigmatización política creó condiciones propicias para la exclusión y persecución.
«Jamás repita que el Estado colombiano fue el exterminador de la UP, porque no es cierto. A la UP los exterminaron las Farc y el ELN»
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático
Frente a estas afirmaciones, la Defensoría del Pueblo invocó sus competencias constitucionales para velar por los derechos humanos y ejerció su magistratura moral, exhortando a todas las autoridades y servidores públicos a respetar la verdad judicial de la sentencia.
«Frente a ello, en el marco de las competencias constitucionales y legales de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos frente a actos o amenazas de cualquier autoridad o de los particulares y en ejercicio de la magistratura moral, (…) la Defensoría del Pueblo hace una exhortación pública a las autoridades y servidores públicos a respetar la verdad judicial de la mencionada sentencia»
Defensoría del Pueblo
«Nuestro país ha experimentado las consecuencias más graves de la estigmatización política. La historia de la Unión Patriótica recuerda cada día que el lenguaje que deslegitima, acusa o deshumaniza a opositores por sus ideas crea condiciones propicias para la violencia, la exclusión y la persecución»
Defensoría del Pueblo
Este episodio subraya la importancia de honrar las decisiones internacionales para fortalecer la no repetición de violaciones masivas de derechos humanos en Colombia, promoviendo una memoria histórica compartida que evite la reproducción de narrativas divisorias.
