En un violento atentado armado ocurrido el 13 de enero de 2026 a las 6:53 de la mañana sobre la Ruta 45, entre Neiva y Rivera en el departamento del Huila, el hijo de 11 años del director de la Cárcel de Neiva, Édgar Enrique Rodríguez Muñoz, perdió la vida tras recibir un impacto de bala en la cabeza. El ataque, perpetrado por un motociclista que interceptó el vehículo particular en el que viajaban las directivas del penal, dejó aproximadamente seis disparos y al subdirector, el coronel en retiro Renato Solano Osorio, herido de gravedad con dos impactos en el abdomen y el tórax. Rodríguez Muñoz, quien había asumido el cargo apenas ocho días antes, el 6 de enero, y el conductor del vehículo resultaron ilesos.
Los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en Neiva, según el comunicado oficial emitido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que detalla las heridas y los protocolos de atención seguidos. Las autoridades avanzan en la investigación de los responsables materiales e intelectuales del hecho, dirigido específicamente contra las directivas del centro penitenciario, mientras se esclarecen los móviles del ataque. Rodríguez Muñoz había recibido una evaluación y capacitación por parte del Inpec antes de tomar posesión de su cargo, con el objetivo declarado de fortalecer la seguridad y la gestión carcelaria, como lo expresó en una entrevista concedida a Caracol Radio Neiva.
Rechazo unánime al asesinato del menor
El congresista Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, repudió el atentado calificándolo de acto de desalmados, en medio de la consternación nacional por la muerte de un niño inocente en este contexto de violencia contra funcionarios públicos.
“Mataron a un niño. Desalmados”
Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático
Este suceso sacude al Huila y al país, recordando la vulnerabilidad de quienes lideran la administración penitenciaria en un escenario de amenazas constantes, mientras las autoridades prometen justicia y el Inpec reafirma su compromiso con la seguridad de sus funcionarios.
