Siete exmiembros del antiguo secretariado de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda, interpusieron una apelación contra la sentencia emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 16 de septiembre de 2025, que les impone ocho años de sanciones restaurativas por su presunta responsabilidad en secuestros dentro del macrocaso 01. El recurso, conocido este martes 13 de enero de 2026 a través de Blu Radio, fue firmado por los siete excomandantes y consta de 351 páginas, en las que cuestionan varios aspectos de la decisión judicial.
Los apelantes rechazan de manera contundente la imposición de dispositivos electrónicos de monitoreo, así como la legalidad y proporcionalidad de las imputaciones, que consideran basadas únicamente en su posición de mando dentro de la antigua guerrilla, sin evidencia de actos individuales. Critican que las imputaciones se sustentan en presunciones y rechazan los cargos relacionados con esclavitud, tortura y desaparición forzada como estrategias sistemáticas de las Farc, argumentando que las condiciones de cautiverio de las víctimas derivaron principalmente de operaciones militares estatales.
Argumentos clave en el recurso
En su extenso documento, los exmiembros solicitan la revocación total de las imputaciones, un análisis individualizado de cada caso y la sustitución del monitoreo electrónico por informes periódicos. Además, piden que se reconozca el tiempo de privación de libertad ya cumplido por Granda y Catatumbo, así como las actividades realizadas por ellos tras la dejación de armas como formas de reparación simbólica. Denuncian también la falta de un análisis de riesgo adecuado y las restricciones impuestas a sus derechos políticos, lo que podría tener implicaciones en el proceso de revisión de las sanciones.
Contexto del macrocaso y el Acuerdo de Paz
Esta apelación se enmarca en el macrocaso 01 de la JEP, que aborda los secuestros cometidos por las Farc durante el conflicto armado. Los firmantes del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 se reincorporaron en su mayoría a la vida civil, y esta decisión judicial representa uno de los primeros grandes reconocimientos de responsabilidad en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La revisión solicitada podría alterar no solo las sanciones restaurativas, sino también el estatus político de estos líderes, en un momento clave para la implementación del proceso de paz en Colombia.
