Ingrid Betancourt, candidata al Senado y directora del partido Oxígeno, criticó duramente este martes 13 de enero de 2026 la apelación presentada por exmiembros del secretariado de las Farc contra la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que les impone siete años de sanción, incluyendo el uso de dispositivos electrónicos de monitoreo, por su responsabilidad en los secuestros sistemáticos del macrocaso 01. En un mensaje público publicado en su perfil de X, en respuesta a una información de Blu Radio, Betancourt expresó su indignación ante el rechazo de figuras como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda a estas medidas.
La exsecuestrada por las Farc, quien estuvo privada de libertad durante más de seis años entre el 23 de febrero de 2002 y el 2 de julio de 2008, recordó el sufrimiento vivido mientras era mantenida encadenada por el cuello a un árbol, clasificada por sus captores como «canjeable» para un intercambio de guerrilleros presos. La sentencia de la JEP, emitida en el marco del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016, reconoce los secuestros como crímenes de lesa humanidad y busca aplicar justicia transicional, pero los exlíderes guerrilleros argumentan que el monitoreo electrónico 24 horas al día atenta contra la dignidad humana y contradice los principios restaurativos, proponiendo en su apelación informes supervisados como alternativa más acorde a este modelo.
La voz de Betancourt contra la justicia transicional
Betancourt, secuestrada durante un viaje a San Vicente del Caguán en 2002 y liberada en la exitosa operación Jaque, cuestionó la autoridad de la JEP, afirmando que esta ha perdido credibilidad por años de intentos por congraciarse con los excombatientes. Los apelantes sostienen que tales dispositivos son restrictivos como en la justicia ordinaria y no en la transicional, lo que ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre reparación a víctimas y garantías a los responsables de graves violaciones.
“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra Justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así. Vamos a elegir un presidente/a para poner orden”
Ingrid Betancourt, directora del partido Oxígeno
“la sentencia (…) introduce disposiciones atentatorias contra la dignidad humana y contrarias a los principios restaurativos que orientan la justicia transicional, al establecer consideraciones que permiten entender que los sancionados estarán monitoreados 24/7”
Exmiembros del antiguo secretariado de las Farc
Este intercambio público pone de manifiesto las tensiones persistentes en la implementación del proceso de paz, donde víctimas como Betancourt demandan mayor rigor en las sanciones, mientras los excomandantes buscan ajustes que preserven la esencia restaurativa del sistema. La apelación, que pretende revocar los apartados sobre monitoreo, podría extender el trámite del macrocaso 01 y redefinir los límites de la justicia transicional en Colombia.
