La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia radicó ante la Corte Constitucional de Colombia una solicitud formal para suspender el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro el 22 de diciembre de 2025, justo tras el reinicio de actividades de las altas cortes que permite la presentación de este tipo de peticiones. Valencia argumenta que no se configuró un hecho grave, sobreviniente ni imprevisible que justifique la medida, y que el decreto se utiliza para implementar tributos no aprobados por el Congreso, como los previstos en la Ley de Financiamiento que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos.
El contexto de esta acción radica en la negativa del Congreso a aprobar la Ley de Financiamiento destinada a cubrir el déficit fiscal, lo que llevó al Gobierno a recurrir al estado de emergencia económica. Entre las medidas incluidas en el decreto se encuentran impuestos a cigarrillos, dispositivos electrónicos de nicotina, bebidas alcohólicas, así como gravámenes a las exportaciones de carbón y petróleo, además de un IVA del 19 por ciento aplicado a apuestas en línea y juegos de azar. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha defendido el decreto como una herramienta para enfrentar las presiones fiscales de 2026.
La Corte evaluará la legalidad del decreto
La Corte Constitucional será la encargada de analizar la legalidad del decreto, la existencia real de una emergencia y la conexidad de las medidas incluidas, en una decisión que definirá su vigencia futura. Esta solicitud de Paloma Valencia se suma a otras peticiones y conceptos que ya reposan ante el alto tribunal, en un momento clave para el debate sobre las finanzas públicas del país.
