El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, expidió el Decreto 1485 el 31 de diciembre de 2025, eliminando la cobertura completa del Estado al componente político en los aumentos del salario mínimo para las pensiones privadas en Colombia. Esta medida traslada mayores costos a las aseguradoras, rentas vitalicias y seguros previsionales, modificando el mecanismo de ajuste de estas pensiones y aplicándose a nuevas rentas vitalicias y seguros desde 2027, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad fiscal y reducir las transferencias estatales.
Bajo el nuevo esquema, las aseguradoras deberán cubrir la inflación más el mayor valor entre el promedio de productividad de los últimos diez años y el 35% del promedio de inflación. Esta decisión genera polémica en el sistema privado de pensiones, ya que hasta ahora el Estado absorbía las diferencias del componente político en los incrementos del salario mínimo. Asofondos, presidida por Andrés Velasco, y Fasecolda, liderada por Gustavo Morales Covo, han anunciado acciones legales contra la medida, argumentando que impacta a los afiliados sin 1.150 semanas cotizadas, así como a las rentas vitalicias, de invalidez, de sobrevivencia, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y la viabilidad de los seguros.
Cifras que revelan el impacto económico
El aumento del salario mínimo en 2025, del 23%, ilustra las implicaciones: hasta ese año, el capital requerido para una renta vitalicia equivalente al salario mínimo era de 389 millones de pesos para hombres y 416 millones para mujeres; con el ajuste del 23%, subiría a 470 millones y 504 millones respectivamente en 2026. Sin embargo, bajo el decreto, el nuevo capital necesario ascendería a 537 millones para hombres, un incremento adicional de 148 millones, y a 581 millones para mujeres, con 165 millones más. Esto eleva el costo de los seguros previsionales nuevos hasta un 3,4% de la cotización, superando el límite legal del 3%, mientras que el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima se mantiene en 1,5% de la cotización, con proyecciones de agotamiento entre 2030 y 2065.
Críticas y efectos en el sector
La medida afecta las reservas técnicas de las aseguradoras y reduce los desembolsos estatales mensuales, pero no impacta a los pensionados actuales. Críticas han surgido por la ausencia de una mesa de concertación técnica, como señaló Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, en medio de la controversia que sacude al sistema previsional privado colombiano.
