El empresario y candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Álvaro Álvarez, radicó este miércoles 14 de enero una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno de Gustavo Petro. La acción fue presentada por escrito y acompañada de un video comunicado, en el que Álvarez argumenta que la medida es inconstitucional por pretender tapar despilfarros fiscales e implementar reformas tributarias sin pasar por el Congreso de la República.
Álvarez, quien compara esta situación con el decreto de emergencia de 2020 expedido durante la pandemia de COVID-19 bajo el Gobierno de Iván Duque, destaca que aquella fue una medida legítima para salvar vidas, mientras que la actual busca resolver problemas estructurales y conocidos mediante poderes de excepción. El decreto en cuestión fue anunciado a finales de diciembre y oficializado el 31 de diciembre, en medio de críticas por su relación con la reforma tributaria archivada en el Congreso, que generó rechazo especialmente entre empresarios por el aumento de la carga tributaria y la afectación a los recursos fiscales del sector privado.
Rechazo del sector empresarial y pedidos de suspensión
El Consejo Gremial también se ha pronunciado en contra, considerando que el decreto es manifiestamente inconstitucional al usar poderes de excepción para problemas fiscales no extraordinarios ni imprevistos. Previamente, congresistas y el propio Consejo Gremial habían solicitado su suspensión provisional, medida que fue asignada al magistrado Carlos Camargo de la Corte Constitucional. Esta solicitud busca evitar que la Corte quede reducida a un control ex post de hechos consumados, según defensores de la acción.
«Mi quiebra empezó en la pandemia del COVID-19. Esa sí fue una emergencia real: salvar vidas. Fue dura, fue dolorosa, pero legítima. Hoy el Gobierno quiere utilizar la medida de la emergencia económica para implementar, vía decreto, reformas tributarias que no han pasado por el Congreso. Eso es gravísimo».
Álvaro Álvarez, empresario y candidato a la Cámara de Representantes
«Por eso presenté una demanda de inconstitucionalidad, porque la emergencia económica es una medida extrema, no para tapar despilfarros del Gobierno y saltarse al Congreso de la República. Los impuestos se discuten, se justifican y se aprueban con democracia. Las emergencias se respetan. Colombia necesita austeridad, buena gestión y no improvisación tributaria».
Álvaro Álvarez, empresario y candidato a la Cámara de Representantes
«Consideramos que este decreto es manifiestamente inconstitucional, porque usa poderes de excepción para resolver problemas fiscales que no son ni extraordinarios ni imprevistos, sino estructurales y conocidos».
Consejo Gremial
«Se recurre a la emergencia luego de que el Congreso no aprobara una ley de financiamiento, lo que implica una sustitución del debate democrático, especialmente en materia tributaria».
Consejo Gremial
«La suspensión provisional no opera como un anticipo del fallo ni como una forma de censura política al Ejecutivo, sino como un instrumento de autoprotección institucional del control constitucional. Su finalidad es asegurar que la Corte pueda decidir en condiciones reales de eficacia, sin quedar reducida a una instancia que solo constata ex post la producción de hechos consumados».
Paloma Valencia, precandidata presidencial del Centro Democrático
Esta demanda se suma a un creciente debate sobre el uso de decretos de emergencia en temas fiscales, donde el sector empresarial critica la improvisación tributaria y aboga por el respeto al proceso legislativo democrático, en un contexto de tensiones por la gestión económica del Gobierno Petro.
