Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado de la República, envió una comunicación oficial al presidente del Congreso, Lidio García, y a la Comisión de Administración, alertando sobre las graves consecuencias del recorte presupuestal impuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para la vigencia 2026. Este ajuste amenaza con comprometer servicios esenciales como los sistemas tecnológicos, la seguridad física y la operación institucional del Senado, afectando directamente a cerca de 70 trabajadores, muchos de ellos con discapacidad. La carta destaca la necesidad de trasladar recursos antes del 31 de enero de 2026, fecha de inicio de la ley de garantías electorales, para evitar un colapso en el funcionamiento del legislativo en Bogotá.
El presupuesto aprobado para 2026 asciende a 486.548 millones de pesos, lo que representa un 2% menos que el asignado en 2025 y un recorte del 35% respecto a los 656.321 millones solicitados por el Senado para cubrir funcionamiento, personal, inversión y deuda. De esta cifra, solo 60.435 millones están destinados a un único proyecto de seguridad y movilidad, dejando marginados otros como la actualización de sistemas de información, la modernización del recinto plenaria, la renovación de equipos tecnológicos, mejoras eléctricas e iluminación en el Edificio Nuevo del Congreso, así como equipos de seguridad como rayos X, arcos detectores, antiexplosivos, antidrones y videovigilancia. El incremento del IPC en 5,1% y del salario mínimo hasta en 23%, sumado a la rigidez del calendario electoral, explican la insuficiencia de estos fondos, lo que pondría en riesgo incluso el apoyo operativo de la Policía Nacional y contratos clave.
Gobierno prepara decreto para eliminar prima especial de 15 millones a congresistas desde 2026
En paralelo, el Gobierno nacional ultimar un borrador de decreto para eliminar la prima especial de servicios a congresistas, que asciende a 15 millones de pesos mensuales por legislador, como medida de austeridad que reduciría sus ingresos cercanos a 11 millones si se implementa desde 2026. Este documento, conocido por Blu Radio y Caracol Radio, argumenta que tales remuneraciones son desproporcionadas frente al ingreso promedio de la población y la realidad económica del país, imposibilitando el cierre de brechas del Plan Nacional de Desarrollo, y urge reorientar el gasto sin afectar derechos fundamentales.
“se comprometería la sostenibilidad de los sistemas tecnológicos, la seguridad física y la operación institucional del Senado durante la vigencia 2026”
Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado
“La remuneración recibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo; y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”
Borrador de decreto del Gobierno nacional
Esta situación pone en jaque la continuidad operativa del Senado ante la presión presupuestal del Ejecutivo, donde sin fondos mínimos no se podría sostener ni el personal ni los proyectos estructurales, exacerbando tensiones entre poderes en un contexto de ajuste fiscal y electoral inminente.
