El Gobierno de Gustavo Petro, a través del Decreto 1474 de 2025 firmado por el ministro de Hacienda Germán Ávila, ha elevado drásticamente los impuestos a los licores en Colombia mediante un decreto de emergencia económica, pasando el IVA de estos productos del 5% al 19%, incrementando el componente específico del impuesto al consumo en un 119% y el componente ad valorem del 25% al 30%. Esta medida, emitida en 2025 y en vigor desde el 1 de enero de 2026, busca aumentar los ingresos del Presupuesto General de la Nación para 2026 en $11,1 billones y cubrir el déficit generado por el fracaso de la reforma tributaria, aunque genera alzas significativas en los precios de aguardiente, ron y whisky para los consumidores.
Los precios de botellas emblemáticas ilustran el impacto: el Aguardiente Antioqueño de 750 ml de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) pasará de $40.000 a $60.000, el Aguardiente Amarillo de Manzanares de la Industria Licorera de Caldas (ILC) de $49.705 a $71.112, un alza del 43%, y el Ron Viejo de Caldas de $54.545 a $84.604, con un incremento del 55%. La industria licorera, que representa el 1,5% del PIB colombiano y genera más de 200.000 empleos, enfrenta un riesgo inminente, en un contexto donde el consumo de alcohol puro alcanza los 11,7 litros por consumidor al año, el mercado ilegal ya cubre el 24% y el gasto de los hogares en alcohol es del 3,88% de su presupuesto, con un peso del 1,7% en el IPC que podría elevarse en 0,22 puntos porcentuales.
Reacciones de la industria y gobernantes regionales
Empresarios y autoridades regionales han alzado la voz ante lo que consideran un golpe a la viabilidad del sector. Esteban Ramos, gerente de la FLA, advirtió que
«hoy en día, una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 mililitros está a $40.000 y pasaría a $60.000, muy seguramente, para el consumidor final».
Esteban Ramos, gerente FLA
La Industria Licorera de Caldas, en comunicado oficial, expresó que
«Consideramos que este aumento del IVA y otros impuestos sobre algunas bebidas alcohólicas ponen en riesgo la viabilidad de la industria de licores del país».
Industria Licorera de Caldas, comunicado
Además, la FLA preveía un ajuste de precios del 5,5% para 2026, pero ahora podría llegar al 40%, mientras que la ILC alerta sobre el impacto en 12.000 familias en Antioquia por la falta de fondos para viviendas sociales.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó las pérdidas potenciales al afirmar que
«solo suponiendo que las ventas de este año en la fábrica de licores se mantengan, le girarían a la nación $720.000 millones. Si no se mantienen las ventas, entonces, la pérdida para el departamento va a ser doble».
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
En los últimos dos años, la ILC aportó $1,2 billones en impuestos, de los cuales $120.000 millones fueron a Caldas, y la FLA podría entregar $720.000 millones a la nación si las ventas se mantienen, pero con riesgo de hasta $200.000 millones de pérdida para el departamento. Esteban Ramos también señaló que esta medida
«incentivaría la búsqueda de licor adulterado, así como el contrabando».
Esteban Ramos, gerente FLA
Críticas políticas y traslado de recursos
El decreto transfiere los excedentes del impuesto al consumo de los departamentos al Presupuesto General de la Nación, reduciendo fondos para salud y educación en regiones como Antioquia y Caldas, lo que ha provocado fuertes críticas. El senador Fernando Motoa, de Cambio Radical, presentó una demanda ante la Corte Constitucional el 14 de enero y declaró que
«desde el Congreso de la República alertamos durante todo 2025 sobre el deterioro de las finanzas públicas, la baja ejecución del presupuesto, la crisis de seguridad y orden público, y el menoscabo del sistema de salud, sin que el Gobierno adoptara correctivos oportunos. Pese a esas advertencias, hoy se pretende presentar como ‘emergencia’ una situación que fue diagnosticada, debatida y advertida públicamente desde el Legislativo y los órganos de control».
Fernando Motoa, senador Partido Cambio Radical
Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, resumió el efecto al decir que
«básicamente, la medida puede generar recaudo para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y menos recaudo a los departamentos».
Camilo Herrera Mora, fundador Raddar
La preocupación por el aumento del mercado ilícito y el contrabando se acentúa en un sector vital para la economía regional, donde la menor recaudación local amenaza programas sociales y deja a Manizales y Caldas en vilo ante un panorama de precios más altos y recursos menguantes para 2026.
