El abogado Germán Eduardo Castro Marín decidió retirar la demanda de nulidad presentada contra el Decreto 1469 de 2025, emitido por el presidente Gustavo Petro, que establece un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026. Esta decisión se conoció mediante un comunicado público emitido el 14 de enero de 2026, poco después de que el Consejo de Estado, a través del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, admitiera la acción judicial. El retiro se produce en medio de amenazas directas y mensajes de odio que pusieron en riesgo la seguridad de su familia, lo que llevó al litigante a priorizar la protección de sus seres queridos sobre la continuación del proceso.
La demanda, interpuesta con base en la Ley 278 de 1996 y respaldada por jurisprudencia relevante, alegaba vicios graves en el decreto, como falsa motivación, desviación de poder y la ausencia de parámetros legales obligatorios tales como la inflación, la productividad y el crecimiento del PIB. En su lugar, el Gobierno justificó el incremento invocando la inequidad salarial histórica y datos de la brecha proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), omitiendo además la concertación tradicional con los actores sociales. La admisión de la demanda por el Consejo de Estado generó una escalada mediática y social que derivó en ataques personales contra Castro Marín, culminando en el retiro voluntario que ahora será formalizado por el magistrado Mesa Nieves, evitando así una posible suspensión provisional del decreto.
Declaraciones del abogado y contexto de la acción
Castro Marín enfatizó que su iniciativa no perseguía intereses políticos ni pretendía afectar el bienestar de los trabajadores, sino defender la institucionalidad económica del país. En su comunicado, aclaró que actuó estrictamente dentro del marco legal, destacando los méritos jurídicos reconocidos por el alto tribunal al admitir la demanda.
“Mi actuación se enmarcó estrictamente en el deber ser del abogado: la protección de la Constitución, el respeto por la Ley y la defensa de la institucionalidad económica del país frente a actos administrativos que, técnicamente, adolecen de vicios de forma y motivación”
Germán Eduardo Castro Marín, abogado
“El Gobierno estableció así, una política de ajuste por brecha salarial basada en estimaciones técnicas externas, para justificar un aumento muy superior a los parámetros económicos definidos por la ley colombiana”
Germán Eduardo Castro Marín, en la demanda
El abogado expresó profunda preocupación por las repercusiones de ejercer su rol profesional, subrayando que tales ataques socavan los pilares democráticos y justificando su decisión por encima de cualquier debate jurídico nacional.
“Ninguna controversia jurídica, por importante que sea para la nación, vale más que la seguridad y la paz de mi hogar”
Germán Eduardo Castro Marín, abogado
“Atacar al litigante por ejercer la ley es atacar la democracia misma”
Germán Eduardo Castro Marín, abogado
Finalmente, Castro Marín se retiró con la convicción de haber cumplido con su deber profesional, dejando un precedente sobre los riesgos que enfrentan los defensores del Estado de derecho en Colombia, en un contexto donde el decreto de salario mínimo sigue vigente sin mayores obstáculos judiciales.
“Me retiro con la tranquilidad de haber actuado conforme a derecho y con la satisfacción profesional de que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo encontró mérito jurídico en mis argumentos al admitir la demanda”
Germán Eduardo Castro Marín, abogado
