La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), presidida por Guillermo Herrera, cuestionó la legalidad del borrador de decreto presentado por el Ministerio de Vivienda, dirigido por la ministra Helga Rivas, que busca fijar los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) exclusivamente en pesos colombianos desde las etapas iniciales de comercialización, prohibiendo su referencia al salario mínimo legal mensual vigente. Este comunicado oficial, divulgado el 15 de enero en Colombia, advierte sobre riesgos jurídicos significativos y una posible reducción en la oferta de estas viviendas, al considerar que se trata de un control artificial de precios que altera el marco legal actual y genera inseguridad jurídica para el sector.
Los procesos de desarrollo de proyectos VIS suelen extenderse entre cuatro y cinco años, involucrando etapas de planeación, preventa, financiación, construcción y entrega, con variaciones constantes en costos debido a factores como materiales, mano de obra, tasas de interés y cambios regulatorios. El marco legal vigente permite expresar estos precios en pesos colombianos o en salarios mínimos legales mensuales vigentes, determinando el precio definitivo solo al momento de la escrituración, reconociendo que la VIS no es un bien de consumo inmediato sino un proyecto de largo plazo.
Riesgos de menor oferta y barreras para miles de familias
Camacol argumenta que esta medida desincentivaría nuevos proyectos VIS, reduciendo la oferta disponible y elevando barreras de acceso a la vivienda formal para miles de familias colombianas, ya que el control de precios no disminuye el valor real de las viviendas, sino que limita su producción y comercialización.
«El proyecto de decreto genera serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda y altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS».
Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol
«El control de precios no reduce el valor de la vivienda; por el contrario, se traduce en menos oferta y mayores barreras de acceso para miles de familias».
Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)
La noticia se encuentra en desarrollo, mientras el sector constructor espera respuestas del Ministerio de Vivienda sobre estas preocupaciones que podrían impactar profundamente el acceso a vivienda digna en el país.
