Coronel colombiano denuncia irregularidades judiciales en proceso por asesinato de Moïse en Puerto Príncipe, Haití

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El coronel retirado Carlos Giovanni Guerrero, junto a otros exmilitares y mercenarios colombianos acusados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, rompió el silencio por primera vez para denunciar graves irregularidades judiciales en el proceso que se lleva a cabo en la Corte de Apelaciones de Puerto Príncipe, Haití. En una entrevista concedida al programa «Vélez por la mañana» de Luis Carlos Vélez, Guerrero señaló la rotación constante de jueces y la ausencia de presunción de inocencia, cuatro años y medio después del magnicidio ocurrido en julio de 2021.

Los acusados han presentado un derecho de petición para visibilizar estas anomalías, destacando cómo la inestabilidad en el sistema judicial haitiano ha afectado el debido proceso. La rotación de magistrados, motivada por renuncias debido a amenazas y casos de corrupción, ha generado un deterioro en las garantías procesales, lo que impide una defensa efectiva y socava la confianza en las audiencias.

Seis jueces en cuatro años y medio

Durante este tiempo, el caso ha pasado por manos de seis jueces diferentes, lo que complica el avance del proceso y deja en evidencia la fragilidad del aparato judicial en Haití. Guerrero enfatizó que en las audiencias no se respeta la presunción de inocencia, tratándolos como culpables desde el inicio, en un contexto donde el asesinato de Moïse sigue generando tensiones políticas y sociales en el país caribeño.

“Durante estos cuatro años y medio, hemos tenido seis jueces. Unos han renunciado por amenazas, otros por corrupción”

Carlos Giovanni Guerrero, coronel retirado

“Nos tratan como si ya fuéramos culpables”

Carlos Giovanni Guerrero, coronel retirado

Esta primera declaración pública de los colombianos involucrados pone en el tapete las dificultades que enfrentan en un proceso marcado por la inestabilidad, donde la falta de continuidad judicial no solo retrasa la resolución, sino que cuestiona la imparcialidad y el respeto a los derechos fundamentales de los acusados.

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