La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) contradice al Gobierno Petro al afirmar en un informe que el Decreto 1485 de 2025, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 31 de diciembre, eleva el capital requerido para acceder a una pensión mínima en Colombia a través del mecanismo de renta vitalicia. Esta norma, que aplica a contratos desde 2027, modifica el parámetro de deslizamiento del salario mínimo, estableciéndolo en el mayor valor entre el promedio de crecimiento real de la productividad y el 35% del promedio del IPC de la última década, lo que según Anif genera mayores exigencias financieras para los afiliados.
El decreto busca actualizar el mecanismo para garantizar la sostenibilidad fiscal y simplificar trámites en el régimen de ahorro individual, afectando a cotizantes sin las 1.150 semanas suficientes para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, pensionados con retiro programado y el equilibrio general del sistema. Antes de esta medida, el parámetro era el promedio aritmético del crecimiento real de la productividad de la última década, con el Estado asumiendo la diferencia si el salario mínimo superaba ese promedio. Ahora, gremios como la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) alertan sobre el traslado de riesgos a las aseguradoras y los 20 millones de afiliados afectados, en un contexto donde las operaciones anuales de renta vitalicia alcanzan las 10.000 y el salario mínimo para 2026 se proyecta en 2.000.000 pesos.
Alertas por el aumento en primas y riesgos financieros
Las cifras destacan la magnitud del impacto: la prima media del seguro representa el 2,6% de las cotizaciones y en 2024 alcanzó los 5,22 billones de pesos, mientras que los giros del sistema desde el Decreto 036 de 2015 suman 2,2 billones, con proyecciones de 1 billón para 2025 y 1,8 billones para 2026. Además, la repatriación de inversiones de los fondos de pensiones podría llegar a 125 billones en seis meses, lo que genera preocupación por la viabilidad operativa. Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera, expresó su inquietud al decir:
«Expresé mi preocupación por la viabilidad de una operación de ese tamaño en un periodo tan corto»
Mónica Higuera, exdirectora Unidad de Regulación Financiera
La renta vitalicia, que consiste en un contrato de seguro donde el afiliado entrega su capital pensional a una aseguradora a cambio de pagos periódicos vitalicios, se ve directamente impactada.
Reacciones y convocatorias institucionales
Anif subraya que
«A mayor deslizamiento esperado, mayor es el capital que se requiere hoy para financiar una pensión mínima durante toda la vida del afiliado»
Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif)
y advierte que
«el deslizamiento constituye un riesgo no asegurable, ya que no puede anticiparse ni cubrirse mediante instrumentos financieros tradicionales»
Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif)
agregando que
«en la práctica, esta regla tiende a estar dominada por el componente inflacionario, dado el bajo crecimiento histórico de la productividad»
Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif)
Por su parte, el Ministerio de Hacienda aclara que
«no implica que los futuros pensionados deban reunir un mayor capital para acceder a su pensión por invalidez o sobrevivencia»
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
mientras Fasecolda y Asofondos alertan que
«este aumento en el costo llevaría a que la prima del seguro supere el límite legal del 3%, lo cual hace inviable su aseguramiento contra los riesgos de incapacidad y muerte»
Fasecolda y Asofondos
En respuesta, la Procuraduría General de la Nación convocó una mesa técnica preventiva para el 20 de enero de 2026, con el fin de analizar los riesgos de la repatriación de inversiones y las modificaciones al sistema, mientras los gremios solicitan una mesa técnica adicional para evaluar el impacto y evitar efectos adversos en los trabajadores colombianos.
