El Departamento Nacional de Planeación confirmó que el presupuesto del Sistema General de Participaciones para los municipios de Colombia en 2026 alcanzará los 88,4 billones de pesos, lo que representa un incremento del 7,8 por ciento respecto al año anterior, a pesar de un drástico ajuste del 48,8 por ciento en la última transferencia de 2025, que pasó de 2,1 billones de pesos en 2024 a apenas 1,09 billones. Esta noticia, presentada en julio de 2025 y sancionada en diciembre del mismo año, surge en medio de tensiones entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las entidades territoriales, representadas por la Federación Colombiana de Municipios.
El ajuste en la doceava y última transferencia del Sistema General de Participaciones de 2025 se debe a la caída en el recaudo de los ingresos corrientes de la Nación durante 2024, que fue inferior a lo estimado en la Ley de Presupuesto. Este mecanismo automático está regulado por los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, así como por los artículos 85 y 86 de la Ley 715 de 2001, y se basa en un promedio móvil de cuatro años de dichos ingresos para suavizar fluctuaciones y ofrecer mayor previsibilidad financiera a municipios y departamentos. Estos recursos son esenciales para financiar servicios como educación, salud, agua potable y saneamiento básico en todo el país.
Reacciones críticas de los alcaldes y la Fedemunicipios
La Federación Colombiana de Municipios, liderada por el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Acosta, como presidente, y Gilberto Toro Giraldo, como director ejecutivo, ha calificado el ajuste como un golpe severo a las finanzas territoriales. Sánchez Acosta lo describió como un «golpe fiscal a las finanzas territoriales y con ello a los derechos de millones de colombianos», mientras que Toro Giraldo lo tildó de «interpretación inconstitucional». El anuncio responde a una controversia creciente entre el Gobierno nacional y los alcaldes por el impacto en programas sociales, aunque el ajuste se limita exclusivamente a esa última transferencia de 2025 y no afecta el monto anual total.
«el sistema emplea un promedio móvil de cuatro años de los ingresos corrientes de la Nación con el propósito de suavizar fluctuaciones y brindar mayor previsibilidad financiera a municipios y departamentos»
Departamento Nacional de Planeación (DNP)
En un contexto positivo a largo plazo, la reforma al Sistema General de Participaciones, aprobada en diciembre de 2024, establece un aumento progresivo hasta alcanzar el 39,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación en un plazo de 12 años, comenzando en 2027 y culminando en 2038. Esto fortalece la autonomía fiscal de las entidades territoriales, en línea con una tendencia al alza en los recursos del SGP, que gozan de protección constitucional pese a la volatilidad económica. Para los municipios, este panorama reafirma la importancia de una planificación financiera resiliente ante imprevistos como los registrados en 2024.
