La Procuraduría General de la Nación, a través de su Primera Delegada para la Contratación Estatal, abrió una indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) por posibles irregularidades disciplinarias en la suscripción de un contrato para la defensa judicial del presidente Gustavo Petro ante autoridades de Estados Unidos, cuyo valor asciende a cerca de 10.000 millones de pesos. Esta decisión surge tras la divulgación del acuerdo por parte de la representante a la Cámara Katherine Miranda, en un proceso que busca determinar responsabilidades en el marco de la contratación estatal en Colombia.
La indagación, que se desarrolla en fase preliminar sin individualización de responsables específicos, ordena la práctica de pruebas, la acumulación de dos radicados disciplinarios para un análisis conjunto y el envío de oficios a diversas entidades para recabar información relevante. De acuerdo con la Ley 1952 de 2019, esta etapa inicial no procede recurso alguno ni es susceptible de notificación formal, lo que permite avanzar en la averiguación de posibles faltas disciplinarias relacionadas con el contrato destinado a la representación legal del mandatario en instancias estadounidenses.
Acumulación de procesos y avances en la investigación
El acto administrativo emitido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal enfatiza la necesidad de establecer con claridad las irregularidades en la ejecución de este contrato, que ha generado controversia política y ahora pasa a escrutinio disciplinario. La decisión de unir dos radicados existentes busca una visión integral del caso, mientras la investigación continúa en desarrollo sin fechas específicas definidas para su conclusión.
“en averiguación de responsables”
Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, acto administrativo
Este caso pone de manifiesto el control que ejerce la Procuraduría sobre las contrataciones de alto perfil en la Presidencia de la República, especialmente aquellas vinculadas directamente al jefe de Estado, y mantiene en vilo a la opinión pública a la espera de los resultados de las pruebas ordenadas, en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión administrativa del gobierno actual.
