La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Julián Andrés Ramírez Pérez, conocido como alias El Flaco, por su presunta participación en la planeación de un atentado terrorista frustrado que estaba previsto para el 3 de junio de 2025 en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá. Este hecho se vincula directamente con la investigación del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de ese mismo año. Los cargos contra Ramírez Pérez incluyen concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido o explosivos, en el marco de una red delincuencial dedicada al sicariato y al menudeo de estupefacientes.
El plan consistía en el traslado de un explosivo tipo lapa oculto en una maleta, que sería entregado en una cafetería de Teusaquillo a un menor de edad para que lo instalara en un vehículo objetivo. Sin embargo, el menor desistió de la acción al detectar presencia policial en las inmediaciones. Ramírez Pérez, quien no aceptó los cargos imputados recientemente, es la segunda persona judicializada por este atentado frustrado, mientras que Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, de 19 años, había sido vinculada previamente el 20 de noviembre de 2025 y ya se encuentra privada de la libertad.
Colaboración de la imputada y detalles de la red criminal
Martínez Martínez aceptó cargos por homicidio agravado, fabricación y porte de armas, así como por el uso de menores en actividades delictivas, lo que le permitió colaborar con la Fiscalía y obtener una rebaja en su pena, fijada en 21 años de prisión. La investigación, surgida del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, reveló una estructura criminal liderada por Elder José Arteaga, alias El Costeño, dedicada a homicidios selectivos por encargo y a la venta de drogas al menudeo en Bogotá.
«Que esta arma venía del extranjero y que era una Glock, que había costado como 15 o 20 millones de pesos, que era un juguetote».
Katerine Andrea Martínez Martínez, imputada
Este caso expone la profundidad de las redes de sicarios operando en la capital, con nexos internacionales evidentes en el tráfico de armamento de alto calibre como la pistola Glock mencionada. La judicialización de Ramírez Pérez representa un avance clave en la desarticulación de esta organización, aunque persisten interrogantes sobre otros posibles implicados en el fallido atentado de Teusaquillo.
