En la subregión del Catatumbo, en el Norte de Santander, se cumple un año de intensa confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, un conflicto que inició el 15 de enero de 2025 con el brutal asesinato de una familia en la vereda La Valera de Tibú, sobre la vía Tibú-Cúcuta, y que hasta el 13 de enero de 2026 ha dejado un saldo trágico de 166 homicidios y el desplazamiento forzoso de 91.726 personas. Esta disputa por el control territorial y las rutas del narcotráfico ha involucrado enfrentamientos directos, amenazas y un férreo dominio armado por parte de ambos grupos, afectando gravemente a las comunidades campesinas de municipios como Tibú, Teorama, El Tarra y otros.
El asesinato inicial de un bebé de nueve meses junto a sus padres marcó el comienzo de esta escalada de violencia, que ha cobrado la vida de 147 ciudadanos particulares, incluyendo 10 menores de edad, seis firmantes del acuerdo de paz y tres líderes sociales. Los homicidios se concentran principalmente en Tibú con 92 casos, seguido de Teorama con 23, El Tarra con 19, Convención con seis, Hacarí con cuatro, Ábrego con tres, El Carmen con dos, Sardinata con cinco, San Calixto con uno, Ocaña con uno y Bucarasica con uno. Además, 19 miembros de la Fuerza Pública han perdido la vida, entre ellos 11 militares y ocho policías, distribuidos en municipios como Teorama con cinco, El Carmen con tres, Convención, Playa de Belén, Puerto Santander, Tibú, Ábrego, El Zulia, La Floresta, Río de Oro en Cesar y otros.
Desplazamiento masivo y crisis humanitaria
El éxodo forzado ha sido masivo, con 44.835 personas desplazadas hacia Cúcuta, 18.538 a Ocaña, 12.384 a Tibú, 6.367 a El Tarra, 2.296 a Convención y 1.098 a San Calixto, generando confinamientos y el abandono de predios productivos en zonas de presencia del ELN debido a amenazas constantes. El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior en el Catatumbo para implementar medidas de seguridad, en un intento por contener los efectos humanitarios que azotan a las comunidades locales.
Esta confrontación activa no solo ha profundizado la crisis en el Catatumbo, sino que resalta la fragilidad de los procesos de paz en regiones ricas en recursos ilícitos, donde el vacío de autoridad permite que grupos armados ilegales sigan disputando el territorio a costa de la vida de civiles inocentes y la estabilidad social.
