El Consejo de Estado, a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, emitió una reciente decisión en Colombia que aclara que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tienen autorización para utilizar los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el pago de servicios de salud prestados en años anteriores, respondiendo así a una consulta formulada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta aclaración aborda directamente las dificultades financieras que enfrenta el sistema de salud nacional, caracterizadas por deudas acumuladas entre las EPS y las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), así como retrasos persistentes en los pagos de cartera y pasivos de vigencias anteriores.
La UPC representa el valor que el Estado reconoce a las EPS por cada uno de sus afiliados para cubrir el Plan de Beneficios en Salud (PBS), y proviene de las cotizaciones del régimen contributivo así como de recursos fiscales del régimen subsidiado, configurándose como un recurso público parafiscal con una destinación específica. El pronunciamiento del Consejo de Estado surge en medio de un debate sobre el principio de anualidad presupuestal aplicado a estos fondos, estableciendo que no están estrictamente limitados a la vigencia fiscal correspondiente siempre y cuando se destinen a cubrir servicios efectivamente prestados a los afiliados.
Implicaciones para la sostenibilidad del sistema
Esta decisión busca garantizar la continuidad de los servicios de salud en el contexto de la actual crisis financiera del sector, permitiendo a las EPS manejar con mayor flexibilidad sus obligaciones. Además, se subraya que las EPS están obligadas a constituir reservas técnicas para atender tanto sus compromisos presentes como los futuros, lo que refuerza la estabilidad operativa del sistema y protege los derechos de los usuarios a una atención oportuna.
Con esta aclaración, el Consejo de Estado contribuye a mitigar las tensiones financieras que han afectado la prestación de servicios en el país, promoviendo un uso más eficiente de los recursos públicos destinados a la salud y abriendo la puerta a una mayor liquidez para saldar deudas pendientes sin comprometer la cobertura actual.
