La senadora María Fernanda Cabal manifestó su total apoyo a los veinte gobernadores de un total de treinta y dos que se oponen al decreto de Emergencia Económica impulsado por el presidente Gustavo Petro, al considerarlo inconstitucional. En una publicación escrita en su cuenta de Facebook, la legisladora respaldó lo que describió como el «desacato» de estos mandatarios departamentales, quienes invocan la excepción de inconstitucionalidad para no acatar las medidas del decreto.
Los gobernadores argumentan que el decreto vulnera el artículo 362 de la Constitución Política, al pretender quitar recursos a los departamentos para financiar otras iniciativas del Gobierno nacional. Entre las medidas controvertidas se encuentra el incremento del impuesto al consumo, conocido como IVA, que pasaría del 5% al 19%, lo que ha generado una fuerte resistencia en regiones que dependen de esos fondos para su gestión.
Intensificación de la confrontación con el Ejecutivo
El decreto de Emergencia Económica se encuentra vigente y comprende varios paquetes de decretos que están en revisión por la Corte Constitucional, a cargo del magistrado Carlos Camargo. En este contexto, los veinte gobernadores han sostenido reuniones para discutir su decisión de no someterse a estas disposiciones y planean una «tutelatón» colectiva para cuestionar su legalidad ante las altas cortes, lo que agrava la tensión entre los entes territoriales y el Gobierno central por los incrementos impositivos propuestos.
«total apoyo a los 20 gobernadores que están usando la excepción de inconstitucionalidad contra el decretazo de emergencia económica»
María Fernanda Cabal, senadora
«el artículo 362 de la Constitución no puede ser vulnerado por un decreto de Petro, que no sacia su apetito por la plata. Quitarles recursos a los departamentos como lo pretenden es inconstitucional»
María Fernanda Cabal, senadora
Esta postura de la senadora Cabal y los gobernadores rebeldes marca un nuevo capítulo en la pugna política entre el Ejecutivo y las regiones, donde se pone en juego el equilibrio fiscal y la autonomía territorial en medio de la revisión judicial del controvertido decreto.
