El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que abran investigaciones penales y disciplinarias contra 17 gobernadores departamentales por negarse a aplicar el Decreto 1474 de 2025, emitido por el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la emergencia económica declarada mediante el Decreto 1390 de 2025. Esta petición surge tras un comunicado oficial de la Federación Nacional de Departamentos (FND), emitido el 15 de enero de 2026 desde su sede en Bogotá, donde los gobernadores anunciaron acciones jurídicas contra la medida y conformaron una comisión para demandarla ante la Corte Constitucional.
Los gobernadores argumentan que la aplicación del decreto, que establece medidas tributarias como un incremento del IVA del 5% al 19% para cubrir gastos del Presupuesto General de la Nación, pone en riesgo su autonomía fiscal y la prestación de servicios esenciales, con un impacto potencial de 11 billones de pesos en programas sociales y servicios públicos, además de afectar la recaudación en medio de crisis en salud, energía y desastres naturales. Ocampo, en declaraciones a Caracol Radio, enfatizó que este incumplimiento podría configurar prevaricato por omisión, abuso de autoridad y faltas disciplinarias gravísimas, recordando que nadie está por encima de la ley. Por su parte, el Gobierno nacional ha anunciado acciones jurídicas contra los no cumplidores, mientras la FND celebró una reunión extraordinaria previa al comunicado para abordar preocupaciones sobre la estabilidad financiera en salud, educación y deporte.
Comisión de gobernadores y tensiones adicionales en regiones
La comisión designada por la FND para impulsar la demanda ante la Corte Constitucional está integrada por la gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz; la de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; el de Antioquia, Andrés Julián Rendón; el de Caquetá, Luis Francisco Ruiz; el de Nariño, Luis Alfonso Escobar; y el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta. En el mismo contexto, los gobernadores han solicitado la activación de Consejos Regionales de Seguridad para implementar el Plan Democracia, ante la violencia en Chocó y Cauca, así como las amenazas contra el gobernador de Nariño.
“su incumplimiento podría configurar prevaricato por omisión, abuso de autoridad y faltas disciplinarias gravísimas”
Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico
“nadie está por encima de la ley”
Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico
“la eventual aplicación de esta excepción se justifica por el peligro que representa para la prestación de servicios básicos en las regiones”
Comunicado Federación Nacional de Departamentos
Este enfrentamiento entre el Gobierno central y los departamentos escalará en los próximos días con las respectivas acciones judiciales, en un momento crítico para la gestión fiscal del país y la atención de emergencias regionales.
