El general retirado Óscar Enrique González Peña, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, denunció ante la revista Semana una presunta manipulación de testigos en la Jurisdicción Especial para la Paz mediante encuentros grupales previos a las declaraciones formales, en los que los comparecientes comparten y ajustan sus versiones en hoteles o lugares externos a las sedes de la JEP, facilitados por trabajadores sociales, psicólogos y magistrados auxiliares, lo que generaría un riesgo de memoria inducida y narrativa compartida que compromete la autenticidad y el debido proceso.
Esta denuncia surge en el contexto de la reciente condena dictada por la JEP el 16 de septiembre de 2025 contra siete exmiembros del secretariado de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con secuestros cometidos entre 1993 y 2016, un fallo en el que participaron 4.325 de más de 21.000 víctimas acreditadas en las audiencias, aunque hasta el momento la JEP no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones del general González Peña.
Críticas a la reconstrucción colectiva de testimonios
González Peña enfatizó que estos espacios grupales transforman lo que debería ser un testimonio personal en una narrativa compartida construida colectivamente fuera del expediente y sin posibilidad de contradicción, subrayando que la esencia de cualquier sistema judicial serio radica en que la verdad surja de la memoria individual. Por su parte, el magistrado de la JEP Camilo Suárez Aldana defendió el proceso al afirmar que los condenados tuvieron que reconocer públicamente sus crímenes, aportar verdad, dar la cara a las víctimas y ahora deberán trabajar en favor de ellas.
“Cuando la verdad empieza a construirse colectivamente, fuera del expediente y sin contradicción, lo que debería ser testimonio personal se transforma en una narrativa compartida”.
Óscar Enrique González Peña, general retirado
Las críticas al fallo de la JEP han sido intensas por parte de las víctimas, quienes lo califican como una burla, vergüenza y traición; en este sentido, la exsecuestrada Clara Rojas señaló la escasa representación de las víctimas en las audiencias, mientras que Sofía Gaviria Correa, presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo, denunció la falta de escucha a las víctimas y la insuficiente verdad aportada por las Farc, avivando el debate sobre la imparcialidad y efectividad del mecanismo de justicia transicional.
