El expresidente Álvaro Uribe Vélez respaldó a los gobernadores y alcaldes de Colombia al proponer que invoquen la excepción de inconstitucionalidad para abstenerse de aplicar la emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, argumentando que esta medida afecta gravemente las finanzas de los entes territoriales y los deja sin recursos para cumplir con sus obligaciones.
En un pronunciamiento público, Uribe Vélez mostró comprensión por las dificultades que enfrentan los mandatarios locales ante el manejo fiscal del Ejecutivo nacional, al que acusó de debilitar las rentas regionales mediante derroche, corrupción y altísimos impuestos, lo que impide a departamentos y municipios honrar sus compromisos. La excepción de inconstitucionalidad, prevista en la Constitución colombiana, permite a las autoridades territoriales no aplicar una norma que consideren contraria a la Carta Magna sin necesidad de un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional.
Cuestionamientos al diálogo con las regiones
Uribe Vélez enfatizó la necesidad de un Gobierno que dialogue con todos los alcaldes y gobernadores, independientemente de su origen político, para abordar estas tensiones fiscales generadas por la emergencia económica impulsada por el presidente Petro.
«La Constitución colombiana trae la excepción de inconstitucionalidad; Colombia necesita un Gobierno que desde lo nacional dialogue con todos los alcaldes y gobernadores, sin detenerse en el origen político de la elección».
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
«Porque uno también comprende a los gobernadores, a los alcaldes».
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
«El Gobierno nacional, con el derroche, la corrupción, los altísimos impuestos, los está dejando sin rentas, ¿cómo van a cumplir ellos con sus compromisos?».
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
Esta postura de Uribe Vélez se enmarca en el creciente malestar de las entidades territoriales por el impacto de la emergencia económica en sus presupuestos, reavivando el debate sobre la autonomía regional y la necesidad de mayor concertación entre el Gobierno central y las administraciones locales.
