La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió que la exsenadora Sandra Helena Villadiego enfrentará juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho propio, en relación con irregularidades en la asignación de recursos públicos para la pavimentación de vías urbanas en el municipio de Galeras, departamento de Sucre. En el mismo fallo, se precluyó el proceso penal contra el excongresista Raymundo Méndez Bechara, al considerar que no se cumplieron los presupuestos penales en su contra.
La investigación se centra en dos convenios interadministrativos suscritos con la Dirección de Presupuestos y Sanción Nacional, identificados como el 449 de 2016 y el 479 de 2017, por un valor total de 6.300 millones de pesos. Según los elementos probatorios recopilados, Villadiego habría exigido una comisión del 15 por ciento a cambio de su gestión para obtener cupos indicativos del Senado destinados a estas obras de infraestructura. La Corte determinó que existen pruebas suficientes para llevar a juicio a la exlegisladora, mientras que para Méndez Bechara no se hallaron indicios que justificaran continuar el proceso.
Trayectoria política de los implicados
Sandra Helena Villadiego, quien fue representante a la Cámara entre 2001 y 2002, y nuevamente de 2010 a 2014, además de senadora entre 2014 y 2018, obtuvo en sus elecciones 56.959 votos para el Senado en 2014 y 35.723 para la Cámara en 2010. Antes de su carrera legislativa, se desempeñó como administradora de servicios de salud y recientemente aspiró sin éxito a una curul por el Pacto Histórico. Cabe destacar que está casada con el excongresista Miguel Ángel Rangel, condenado por vínculos con el paramilitarismo. Por su parte, Raymundo Méndez Bechara, miembro del Congreso por el Partido de la U en los periodos de 2014 y 2018, alcanzó 50.984 votos en cada una de esas elecciones, pero salió libre de cargos en esta decisión judicial.
Este fallo representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre el manejo de recursos públicos en regiones como Sucre, donde los cupos indicativos del Congreso han sido objeto de escrutinio por posibles manejos irregulares. La exsenadora Villadiego ahora deberá rendir cuentas ante un juez en un juicio oral que podría definir su situación penal definitiva.
