La Nueva EPS, a través de su Gerencia Nacional de Tesorería, solicitó formalmente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) la autorización para girar más de 1,5 billones de pesos destinados al pago de obligaciones con Entes Territoriales e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en enero de 2026. Esta postulación incorpora los acuerdos alcanzados en mesas de conciliación realizadas entre noviembre y diciembre de 2025, y en enero de 2026, en varios departamentos del país, como parte de un esfuerzo por cumplir con las obligaciones financieras y avanzar en el saneamiento de la entidad.
Estas mesas de conciliación han sido clave para depurar cuentas, validar servicios prestados y acordar cronogramas de pago con prestadores públicos y privados, fortaleciendo así los procesos de gestión de cartera. Sin embargo, los giros de diciembre se vieron afectados por embargos judiciales, lo que complicó los pagos a estos actores. La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y de la Seguridad Social ha intervenido exhortando ajustes específicos al plan de contingencia denominado “Estrategia de atención en Contingencia por Transición de Gestor Farmacéutico”, incluyendo modificaciones en el objetivo general, acciones territoriales, matriz de riesgos, identificación de la población afectada y modelo de atención.
Incremento de quejas y revisión por la Procuraduría
El contexto de esta solicitud se enmarca en un aumento de quejas por la falta de distribución de medicamentos, lo que llevó a la Procuraduría a revisar detalladamente el plan de contingencia de la Nueva EPS. La entidad reportó oficialmente los valores postulados ante la Adres y se comprometió a gestionar el cumplimiento de estos pagos a pesar de los embargos judiciales que han impactado su tesorería. Estas acciones buscan garantizar la continuidad de los servicios de salud en medio de la transición y los desafíos financieros que enfrenta el sistema.
Con esta postulación, la Nueva EPS avanza en la normalización de sus relaciones con los prestadores, priorizando el pago oportuno para mitigar los efectos de los embargos y las contingencias operativas en los entes territoriales e IPS a lo largo de Colombia.
