El Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín formuló una denuncia penal contra el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, director de Custodia y Vigilancia de la cárcel de Itagüí, por la salida ilegal de nueve cabecillas de la cárcel El Pedregal para participar en el acto público conocido como «el tarimazo» encabezado por el presidente Gustavo Petro el 21 de junio de 2025 en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín. Esta acción se realizó mediante la Resolución 005208 emitida el 19 de junio de ese año, sin el aval judicial correspondiente, lo que implica delitos como fuga de presos y falsedad en documento público.
El traslado y escolta de los condenados fue solicitado por la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, con participación del Inpec, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y la propia legisladora, con el propósito de que los cabecillas de la mesa de paz urbana de Medellín acompañaran a Petro en el evento. Entre los nueve trasladados destaca Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, condenado a 36 años de prisión por homicidio agravado, junto a Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Walter Alonso Román, alias El Tigre; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; y Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa. La resolución judicial confirmó que la expedición del documento fue ilegal y se efectuó sin autorización de un juez.
Reacciones de la oposición y procesos abiertos
La denuncia penal contra Ramírez Sanabria se hizo pública tras la difusión de la resolución por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla Minami el 14 de enero de 2026 y por la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, el 17 de enero. Ambas políticas expresaron su rechazo al episodio, que inicialmente también fue cuestionado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Ahora se han abierto procesos penales contra el teniente coronel, con copias remitidas contra Freyner Alfonso Ramírez García, y se tramitan acciones adicionales contra Zuleta y Petro.
«Gracias a la Zuleta y a Petro, que se creen dictadores haciendo lo que les da la gana. Ojalá haya sanción disciplinaria y penal para ellos y no solo pague el funcionario que acata por miedo»
María Fernanda Cabal, senadora (Centro Democrático)
«La justicia nos va dando la razón: El ‘tarimazo’ con los cabecillas de Itagüí fue ilegal. Esto es gravísimo: usaron a un condenado; violaron la ley y usurparon funciones judiciales. Aquí nadie está por encima de la ley. Ni directores del Inpec. Ni funcionarios arrodillados al poder político»
Claudia Carrasquilla Minami, concejal de Medellín
Este caso pone en evidencia tensiones entre el poder político y la administración de justicia en el manejo de presos de alta peligrosidad, recordando el contexto del «tarimazo» como un acto de acercamiento con líderes de paz urbana que ahora enfrenta cuestionamientos legales profundos.
