El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del decreto de emergencia económica impulsado por el presidente Gustavo Petro, publicado el 22 de diciembre de 2025 y vigente por 30 días, al argumentar en publicaciones en la red social X que el aumento en los precios del alcohol busca reducir su consumo y prevenir el alcoholismo y sus graves consecuencias para la salud pública. Esta postura se dio en medio de un fuerte rechazo expresado por 17 gobernadores de departamentos colombianos, quienes anunciaron que no aplicarán el Decreto 1390 por considerarlo inconstitucional, alegando que amenaza la autonomía fiscal regional y los ingresos provenientes de la venta de licores y cigarrillos, recursos esenciales para financiar salud, educación y deporte.
La polémica estalló el 15 de enero de 2026 con un comunicado de la Federación Nacional de Municipios y se intensificó con las publicaciones nocturnas de Benedetti los días 15 y 16 de enero, así como con declaraciones de gobernadores como Andrés Julián Rendón de Antioquia y Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca. En el Valle, por ejemplo, se reporta una reducción del 40% en la recaudación de estos impuestos debido al contrabando, mientras que el precio de una botella de aguardiente pasaría de 40.000 a 70.000 pesos, lo que ha generado temores sobre la capacidad de pago de obligaciones en sectores clave. La Federación Nacional de Departamentos prepara acciones jurídicas, y la Corte Constitucional revisará la validez del decreto, en un contexto de confrontación entre el gobierno central y las regiones que incluye una reunión programada para el 19 de enero con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y posibles tutelas o sanciones penales y disciplinarias.
Choque de posturas entre el Gobierno y los gobernadores
Benedetti enfatizó en X y en una entrevista con Caracol Radio que priorizar la venta de alcohol por encima de la vida humana resulta increíble, y lamentó que se considere inconstitucional protegerla mediante estas medidas. Además, advirtió sobre posibles riesgos de prevaricato para quienes no acaten la norma, señalando que los gobernadores podrían responder con sus propios bienes por los recursos no recaudados. Por su parte, Rendón declaró que Antioquia inaplicará el decreto por excepción de inconstitucionalidad hasta que la Corte falle de fondo, calificándolo como una abusiva carga tributaria impuesta por Petro. Toro, por otro lado, sostuvo que aplicar el decreto dejaría al Valle sin fondos para pagar salud y educación, confirmando un sustento jurídico para su no aplicación sin intención de confrontación.
“Es increíble que, a pesar de que aumentar los precios del alcohol puede reducir su consumo y prevenir el alcoholismo y sus consecuencias, los gobernadores prioricen la venta por encima de la vida”
Armando Benedetti, Ministro del Interior
“Es triste que consideren inconstitucional proteger la vida”
Armando Benedetti, Ministro del Interior
“Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto que impuso Petro”
Andrés Julián Rendón, Gobernador de Antioquia
“Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. Puede haber prevaricato al no acatar la ley. Y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su peculio. Lo que se pretende recoger de los impuestos que se está poniendo”
Armando Benedetti, Ministro del Interior
“Si nosotros aplicamos el decreto, no vamos a tener con qué pagar absolutamente nada de lo que tenemos que pagar en salud y en educación”
Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle del Cauca
Esta disputa pone de manifiesto las tensiones entre el Ejecutivo nacional y las entidades territoriales por el control de ingresos fiscales, con el decreto imponiendo IVA a bebidas alcohólicas para generar recursos extraordinarios en medio de la emergencia económica, mientras los departamentos defienden su autonomía y alertan sobre impactos en servicios públicos esenciales.
